Valencia (España), 1 jun.- La asociación Jueces para la Democracia manifestó hoy que España se está transformando en un "Estado penal", donde el Gobierno legisla a través de decretos que, en algunos casos, como el de la reforma laboral, podrían resultar inconstitucionales.
"Está desapareciendo la división de poderes", lamentó el portavoz de esa organización de jueces, José Luis Ramírez, quien ofreció una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos adoptados en el congreso anual del colectivo judicial, celebrado esta semana en Valencia (este de España).
La principal crítica de esta asociación recayó sobre la reciente reforma del mercado laboral adoptada por el Gobierno del Partido Popular (centro-derecha) para atajar la actual crisis económica y que, su juicio, genera un "desequilibrio" entre empresarios y trabajadores.
Este decreto ley impulsado por el Gobierno, que abarata el despido laboral, entró en vigor el pasado 12 de febrero e incluye normas específicas que imponen una interpretación restringida, según el portavoz de Jueces para la Democracia, que rechazó este "desconocimiento de la esencia de la función jurisdiccional".
"Nosotros no somos mayordomos de los mercados ni servidores de una concepción ideológica ni meros escribanos, sino que interpretamos la ley a la luz de la Constitución", señaló Ramírez.
Otra de las medidas que merecen una reconsideración, a juicio de este colectivo de jueces, es el proyecto de ley de tasas judiciales, porque "vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva" de los ciudadanos, que no podrán hacer frente a las cuantías que se establezcan, cuya única finalidad es "la recaudatoria".
También critica la intención de revisar el Código Penal español para endurecer el castigo en manifestaciones ilegales: "No tiene sentido reformarlo para esto, sólo se pretende disuadir a los ciudadanos para que no ejerzan sus derechos", afirmó el juez.
Ramírez censuró también el "uso abusivo" que en su opinión hace el Gobierno sobre el tema de la violencia doméstica, ya que se están incrementando los agentes destinados a perseguir este delito, pero se están "olvidando" los recursos asistenciales.
"Se están cerrando casas de asistencia a mujeres maltratadas" y otros centros de ayuda, lo que, según la asociación, lanza un mensaje: "No denuncies", aseveró.
Por último abordó la exención tributaria que se aplica a la Iglesia Católica en España, que "debería tener el mismo tratamiento fiscal" que el resto de asociaciones, dijo.
"Resulta paradójico que se dejen de ingresar 3.000 millones de euros en impuestos (en ese concepto) y que la Administración pague el salario de profesores que imparten una determinada religión; esto no es compatible con un Estado laico", indicó el portavoz, quien insistió en que España "está pasando de ser un Estado social a ser un Estado penal".
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