El Estado, a través de la empresa pública Enresa, continúa adjudicando contratos para construir el almacén nuclear de Villar de Cañas (Cuenca) a pesar de que el proyecto, a día de hoy, sólo cuenta con un informe favorable de emplazamiento del Consejo de Seguridad Nuclear -son necesarios tres- y carece de declaración de impacto ambiental.
Desde el año 2012, Enresa ha pagado o comprometido 42,8 millones de euros. La mayor parte, el 58%, ha ido a parar a la filial de ingeniería Iberinco, filial de Iberdrola, a cuyo consejo se incorporó en 2012 Ignacio López del Hierro, marido de la ministra de Defensa y expresidenta de Castilla La Mancha, Maria Dolores de Cospedal.
La mayor parte del dinero desembolsado en el ATC, un proyecto clave para resolver el grave problema de la gestión de residuos, se pagó entre los años 2013 y 2015. Fueron un total de 36, 9 millones de euros repartidos entre las empresas Iberinco (filial de Iberdrola); Gas Natural Fenosa y Westinghouse.
Proyecto paralizado
Desde noviembre de 2015, con el proyecto paralizado por disputas judiciales y políticas, el ritmo y sobre todo el importe de adjudicaciones y licitaciones ha disminuido. Pero no ha desaparecido. Según los datos a los que ha tenido acceso La Información, en el primer semestre de 2016 hubo tres adjudicaciones por importe de 50.000 euros, 47.000 y 22 euros. En septiembre de 2016 hubo otra adjudicación de 800.000 euros (IVA incluido) para evaluar las condiciones de contenedores de residuos y en los meses de octubre y diciembre del mismo año una licitación de 190.000 euros y otra adjudicación de 2,3 a la francesa Areva.
En el año siguiente -2017- sólo se registró la publicación de un expediente para contratar material por importe de 2,3 millones. Pero en enero de 2018 se convoca otro contrato -48.000 euros- para retirar aguas en el parque empresarial de Enresa en Villar de Cañas. El proceso no para a pesar de que el futuro de la instalación está enredado: la Junta de Castilla-La Mancha se opone a la instalación y la bloquea con normas medioambientales que recurre el Gobierno respaldado por el Tribunal Supremo.; además, se anula el plan urbanístico del Ayuntamiento de Villar de Cañas y el TSJ de Castilla-La Mancha lo confirma. Un auténtico sudoku.
Pese al enredo, el Gobierno mantiene la apuesta; ha incluido en el proyecto de presupuestos generales del Estado (PGE) una partida de 144,48 millones de euros destinada al desarrollo del cementerio nuclear, lo que supone casi una cuarta parte del total de inversiones recogidas en los PGE para Castilla-La Mancha. Con la partida, el dinero comprometido en el proyecto desde el año 2012 ronda los 186 millones.
El retraso en la puesta en marcha de la instalación de Villar de Cañas ha obligado a las centrales nucleares a almacenar los residuos en piscinas y en almacenes temporales individualizados (ATI). El presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, destacó en la presentación del informe anual del sector que los cinco ATI en funcionamiento suponen un importante sobrecoste para el sector.
Cerca de la saturación
La realidad es que piscinas y ATI están cerca de la saturación y que España carece de un plan de almacenamiento viable en estos momentos. Según Foro Nuclear, solo en 2017 se produjeron 757,48 metros cúbicos de residuos. El grado de ocupación por centrales se sitúa entre el 84% de Vandellos II y el 92% de Almaraz I. El tiempo corre.
El problema es real y la preocupación -no solo de España- evidente. Bruselas ha abierto un expediente de infracción por no aplicar correctamente las normas comunitarias sobre residuos y el sector considera urgente elaborar un nuevo Plan de Gestión de Residuos Radiactivos (PGRR) porque el que está vigente data de 2006.
Las dificultades para gestionar material radiactivo de alta actividad son aún más acuciantes por la voluntad del Ejecutivo de prolongar la vida útil de las centrales más allá de los 40 años, lo que supondría un incremento del volumen de residuos nucleares a tratar.
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