La gestión del Ejecutivo ante una de las peores crisis que ha azotado el país ha provocado una avalancha de acciones judiciales en el Tribunal Supremo. El Gobierno de Pedro Sánchez levantará el estado de alarma este domingo dando comienzo una nueva fase que se entiende en clave jurídica puesto que se enfrenta a un total de 40 querellas y denuncias y a otros 30 recursos dictados contra las órdenes ministeriales acordadas para frenar el impacto de la pandemia. Según informan fuentes jurídicas, se trata de un total de 70 acciones que recogen denuncias contra todos los miembros del Ejecutivo principalmente por la falta de material para sanitarios y policías y por las actuaciones previas a que se declarara el estado de alarma.
La Sala de lo Penal que preside el magistrado Manuel Marchena estudiará un total de 40 acciones, entre querellas y denuncias, contra los miembros del Gobierno que, por su condición, gozan de aforamiento. La suspensión de los plazos procesales en el mes de marzo provocó la paralización de la actividad judicial a excepción de las acciones urgentes. Sin embargo, su reanudación implica también la reactivación del estudio de estas querellas previo informe de la Fiscalía que dirige Dolores Delgado. Entre el grueso de acciones destaca una interpuesta por más de 3.000 familias contra todo el Ejecutivo de Pedro Sánchez por delitos de homicidio e imprudencia grave. La querella, de la que todavía se tienen que pronunciar los magistrados de la Sala II, denunció una "tardía adopción de las medidas" además de "negligencia y omisiones" en sus actos para paliar los efectos negativos de la pandemia.
Además de esta acción conjunta contra Sánchez y sus 22 ministros, hay particulares que también han actuado contra miembros del Ejecutivo a nivel individual. Así, destaca el denunciante del caso 8-M, Víctor Valladares. Este letrado fue el primero en llevar a Sánchez ante el alto tribunal en marzo por delito de lesiones y prevaricación. Se trató de una ampliación de denuncia que dirigió contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y cuya causa acaba de archivar la magistrada Carmen Rodríguez-Medel. Además del presidente del Gobierno, las denuncias presentadas en su gran mayoría por la escasez de material sanitario se han focalizado en la figura del ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Ribera y Ayuso, en el foco
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) fue la primera en actuar contra Illa y su equipo del Ministerio por las mascarillas 'fake'. La querella criminal interpuesta en abril pedía a la Sala de lo Penal que investigue por presunta negligencia el episodio relativo al suministro de material de protección que no estaba homologado, lo que a juicio de los sanitarios querellantes supuso un riesgo para la salud de todos ellos en plena pandemia. Por los mismos hecho registró otra querella el Consejo General de Enfermería o el sindicato CSIF que también pide apertura de diligencias por los delitos de homicidio y lesión imprudente debido a la distribución del material en malas condiciones.
Con todo, la gestión del Gobierno no es el único motivo que ha llevado a particulares y asociaciones a actuar en pleno estado de alarma. La Sala que Segunda también tiene sobre la mesa una querella contra la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por delito contra la integridad moral. El abogado denunciante consideró ofensivas sus declaraciones acerca de que en Portugal hubo menos contagios "porque está un poco más al oeste". "Esta es la frase que en su contexto cumple el tipo penal, es una burla al sentido común que justifica la querella", reza su escrito.
Con todo, no solo está en el foco en el Ejecutivo central. La Justicia también tendrá que estudiar si hubo ilícito penal con la gestión por parte del Gobierno madrileño de las residencias y geriátricos. Al margen de las diligencias penales abiertas por la Fiscalía -y que ascienden a un total de 200, según los últimos datos-, el alto tribunal también decidirá si investigar a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tras la querella presentada por más de una veintena de familias que denuncian la gestión del Gobierno regional con las residencias. De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, más de 19.500 ancianos han fallecido en residencias infectados por coronavirus desde el comienzo de la crisis.
La 'desescalada', ante la Justicia
Mientras la Sala de lo Penal se encarga de estudiar las acciones contra los miembros del Ejecutivo, los magistrados de lo Contencioso-Administrativo hacen lo propio con los recursos interpuestos contra las órdenes ministeriales del Gobierno. El nuevo escenario de crisis y la declaración del estado de alarma trajo muchas reclamaciones ante la Justicia al considerar que las medidas adoptadas chocaban con derechos fundamentales recogidos en la Constitución como el derecho de manifestación o de libertad de movimiento. Al respecto, destaca la iniciativa que puso en marcha el abogado valenciano Curro Nicolau, el cual actuó contra el Real Decreto 463/2020 por el que se declaró el estado de alarma aunque fue ampliando sus actuaciones a medida que avanzaron los planes de 'desescalada' del Ejecutivo.
Aunque el alto tribunal respondió a sus escritos iniciales que el órgano competente para estudiar su denuncia es el Constitucional (puesto que actúa contra una disposición con rango de ley), sí que tramitó la parte relativa a la Orden 30/2020 del 25 de abril que regula las condiciones de salida de los niños menores de 14 años. En el marco de la misma, los magistrados de la Sección III dieron traslado a la Abogacía General del Estado y a la Fiscalía para que formularan alegaciones. Esto sirvió para que ambos actores se pronunciaran acerca de la gestión del Ejecutivo; al respecto, el Ministerio Público expuso que todas las medidas restrictivas adoptadas en este tiempo "habían resultado eficaces".
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