La investigación que se sigue en la Audiencia Nacional contra la familia de Manuel Fernández de Sousa va a contar desde ahora con una nueva acusación: la de la Abogacía General del Estado. El juez que instruye el caso sobre el presunto patrimonio oculto de la mujer y los hijos del expresidente de Pescanova ha admitido la personación del Estado en calidad de damnificado por estos hechos.
El magistrado José de la Mata cerró el pasado mes de febrero la investigación que inició en 2013 contra la excúpula de la multinacional pesquera por maquillar las cuentas para evitar ocultar la situación real de la compañía, que acabó en concurso de acreedores. No obstante, al mismo tiempo que daba por zanjada estas pesquisas, decidió abrir una pieza separada contra la mujer de Fernández de Sousa, Rosario Andrade, y sus hijos Pablo e Ignacio por figurar como titulares de tres cuentas en Andorra que llegaron a sumar cerca de 2,8 millones de euros.
De acuerdo con el relato del instructor, Rosario Andrade abrió una cuenta en 2009 en una oficina de Andbank haciendo constar en el contrato que era un importante accionista del Grupo Pescanova. Ese mismo día hizo un ingreso inicial de 950.000 euros en efectivo aunque llegó a acumular hasta 1,5 millones ante sucesivas entradas realizadas hasta 2015, cuando la quiebra técnica del holding era ya un hecho.
De ese depósito inicial se destinaron 600.000 euros para abrir otros dos más a nombre de sus hijos. Al igual que ocurrió en el anterior caso, los mismos fueron registrando entradas de efectivo hasta alcanzar 937.950 euros una y 916.500 euros otra. En octubre de 2015, cuando la Audiencia Nacional llevaba dos años investigando los motivos del hundimiento de la multinacional, se bloquearon las tres cuentas.
El magistrado instructor expuso en este auto de apertura de diligencias que ninguno de los tres investigados declararon ante Hacienda ser titulares de las mismas, por lo que durante todo ese periodo de tiempo permanecieron "ocultas" al fisco. Estos hechos han llevado al Estado a solicitar, a través de su servicios jurídicos, la personación en esta pieza en nombre y representación de la Agencia Tributaria.
Pese a tratarse del patrimonio familiar del expresidente de la compañía, De la Mata decidió abrir estas pesquisas dentro de la causa general de Pescanova vinculando de esta forma los hechos que ahora se investigan con el hundimiento de la empresa. A esta situación de no retorno se llegó después de que la excúpula alterara los estados contables que presentaban al mercado con el fin de minorar la deuda financiera del Grupo, aunque en realidad sumaba "resultados negativos millonarios".
Por estos hechos se sentarán en el banquillo de los acusados un total de 19 exresponsables de la mercantil; entre ellos José Manuel Fernández Sousa, su hijo Pablo y el exconsejero delegado Alfonso Paz Andrade, quienes se enfrentan a penas de 28, 13 y 12 años de cárcel, respectivamente. La magnitud de los hechos llevó el instructor a abrir procedimiento igualmente contra otras 12 sociedades por más de una decena de delitos (entre ellos falseamiento de cuentas y fraude) y a imponer una multa a la empresa matriz superior a los 348 millones de euros.
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