Estrasburgo (Francia), 3 abr.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó hoy la primera demanda que resuelve contra España sobre las desapariciones durante la Guerra Civil (1936-1939) y las llamadas fosas del franquismo.
Se trata de la demanda interpuesta por el nieto y la hija (ya fallecida) de Luis Dorado Luque, diputado socialista por Málaga (sureste de España) en 1936, que desapareció en julio de ese año y cuyos restos se sospecha que están enterrados en una fosa común del cementerio de La Salud, en Córdoba (sur).
Los familiares del parlamentario invocaron en su demanda los artículos 2 (Derecho a la vida), 3 (Prohibición de la tortura), 5 (Derecho a la libertad y a la seguridad) y 13 (Derecho a un recurso efectivo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Según la decisión del Tribunal de Estrasburgo, la demanda se presentó "fuera de plazo", por lo que "debe ser rechazada".
La decisión concluye que "los demandantes no mostraron la diligencia necesaria para cumplir con los requisitos derivados del Convenio y la jurisprudencia del Tribunal sobre desapariciones".
El texto recuerda que en España, tras el final del régimen de Franco y la Ley de amnistía de 1977, el derecho al recurso individual es posible desde el 1 de julio de 1981.
A continuación señala que pasaron 25 años entre esa fecha y la querella interpuesta ante un juzgado de instrucción de Córdoba y 28 hasta que fue presentada la demanda en Estrasburgo, 73 años después de la desaparición del diputado.
Este hecho hace que la corte europea afirme que los demandantes "no tenían auténticas esperanzas sobre los progresos realizados para encontrar el cuerpo".
El nieto del diputado malagueño, Antonio Gutiérrez Dorado, llevó el caso a Estrasburgo junto a su madre tras agotar las instancias nacionales: el juzgado cordobés, la Audiencia Provincial de Córdoba y el Tribunal Constitucional español.
Además, presentó, con otras asociaciones de víctimas, una demanda ante la Audiencia Nacional española de la que el entonces titular del juzgado nº5 Baltasar Garzón se inhibió en 2008 en favor de los órganos judiciales territoriales.
El Tribunal de Estrasburgo tiene pendiente de resolución la demanda contra España presentada por la nieta del que fuera presidente de Gobierno de la II República española Juan Negrín.
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