Eta. Dos etarras que atentaron contra una edil de portugalete en 2002 se enfrentan a casi 400 años de cárcel

Los etarras Jon Kepa Preciado y Jon González serán juzgado a partir de hoy en la Audiencia Nacional por el atentado fallido contra la exteniente de alcalde socialista de Portugalete (Vizcaya) Ester Cabezudo en 2002. La Fiscalía les imputa 20 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa, un delito de estragos terroristas y otro de integración en organización terrorista y pide para Preciado 377 años de prisión y para González 385 años.
La Audiencia Nacional ya impuso una primera condena de 377 años de cárcel al exjefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki', por estos mismos hechos.
La sentencia consideraba probado que 'Txeroki', que formaba parte del 'comando Olaia' en los primeros meses de 2002 junto con Idoia Mendizabal y Asier Arzalluz, también condenados por estos hechos, decidió poner una bomba al paso de la edil socialista y su escolta Ignacio Torres mientras se dirigían al Ayuntamiento, en el marco de una campaña iniciada por ETA contra políticos municipales a los que tachaban de “españolistas”.
Para perpetrar el atentado, los terroristas colocaron en las inmediaciones del Ayuntamiento un artefacto cargado con 20 kilos de titadine en un carrito de la compra, “apto para causar la muerte de la teniente alcalde, del escolta y de cualquier persona que se encontrase en las inmediaciones”, según la Fiscalía.
Al ver pasar a Cabezudo, el comando accionó la bomba, que no llegó a alcanzarles de pleno porque aquel día, a diferencia de otros, utilizaron la acera contraria, aunque resultaron heridos junto a otras 20 personas.
El Ministerio Público considera que la acción de ETA fue “muy violenta” por la cantidad de explosivo utilizado, y sólo la fortuna permitió que no se produjeran víctimas mortales y sólo se produjeran heridos.
El fiscal cifra en 977.000 euros el coste de los desperfectos ocasionados en bienes muebles e inmuebles y en varios vehículos estacionados en las inmediaciones del lugar de la deflagración. Además, pide indemnizaciones de más de 389.000 euros, de las que las más elevadas corresponden a Cabezudo (155.800 euros por las lesiones y sus secuelas) y a su escolta Ignacio Torres, al que deberán indemnizar con 236.200 euros por esos mismos conceptos.
Además, establece que ninguno de los dos encausados vuelvan a la localidad donde se cometió el delito en un período de cinco años tras el cumplimiento de la condena, a la vez que prohíbe que se aproximen a las víctimas y comunicarse con ellas por cualquier medio.