Eta. La audiencia nacional juzga al etarra carasatorre por el asesinato de gregorio ordóñez

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzga este miércoles, a partir de las 10.00 horas, al etarra Juan Ramón Carasatorre, acusado de ser uno de los autores materiales del asesinato del dirigente del PP vasco Gregorio Ordóñez, perpetrado el 23 de enero de 1995 en un restaurante del centro de San Sebastián.
El fiscal encargado del caso, Daniel Campos, pedirá en la vista oral un total de 30 años de prisión para el etarra, al atribuirle un delito de asesinato con los agravantes de premeditación y disfraz.
El escrito de acusación del representante del Ministerio Público sostiene que Carasatorre, junto con el que más tarde se convirtió en máximo dirigente militar de la banda terrorista Francisco Javier García Gaztelu, alias “Txapote”, y el etarra Valentín Lasarte, ambos ya condenados por estos hechos, decidieron asesinar al concejal del PP de San Sebastián.
Para preparar la acción terrorista, Lasarte estuvo vigilando los movimientos del concejal durante el mes de enero de 1995, anotando sus horarios de entrada y salida en el Consistorio donostiarra, y comunicó a sus compañeros del “comando Donosti” que la mejor hora para atentar contra el dirigente del PP vasco era a mediodía.
El 23 de enero de 1995, Lasarte observó sobre las 14.00 horas cómo Ordóñez abandonaba el Ayuntamiento y entraba en el restaurante “La Cepa”, acompañado por María San Gil, Enrique José Villar e Icíar Urtasun.
Lasarte se dirigió hasta el piso franco que el comando tenía en la ciudad y comunicó a “Txapote” y Carasatorre que en ese momento podían “ejecutar la acción”. Los tres terroristas se desplazaron hasta el restaurante.
Sobre las 15.30 horas, “Txapote” y Carasatorre entraron en el restaurante cubriéndose las caras y uno de ellos disparó a bocajarro a la nuca de Ordóñez, causándole la muerte. Los etarras huyeron del local a la carrera.
Además de los 30 años de prisión, el fiscal pide que se condene a Carasatorre a indemnizar con 500.000 euros a los herederos de Ordóñez. Solicita además que se le imponga la prohibición de residir en San Sebastián por un periodo de cinco años tras cumplir la condena.