Eta. Un exembajador venezolano revela ante el juez que hay otros seis etarras en la administración de chávez

El ex embajador de Venezuela en la ONU Diego Arria Salicetti reveló este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que, además del etarra Arturo Cubillas, hay otros seis miembros de la banda terrorista desempeñando cargos públicos en la Administración de Hugo Chávez.

Arria Salicetti hizo esta afirmación en su declaración como testigo ante el juez Velasco en el marco de la causa que investiga las relaciones de ETA y las FARC y los adiestramientos conjuntos que tuvieron supuestamente lugar en la selva venezolana entre 2003 y 2008 con la connivencia del Gobierno de Chávez.
En su declaración, que duró cerca de una hora, el ex embajador de Venezuela en la ONU explicó que de estos seis etarras, dos trabajan junto a Cubillas en el Instituto Nacional de Tierras (INTI), un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura que dirige el “proceso de socialización de tierras ociosas”, según su propia página de Internet.
Los otros cuatro etarras están en “otras posiciones” de la Administración de Chávez. El testigo destacó además que la propia mujer de Cubillas, Goiceder Odriozola, es la jefa de Gabinete del vicepresidente de la Venezuela Elías Jaua. “No hay ningún Gobierno que tenga tantos terrorista a su servicio", dijo Arria.
Estas siete personas que desempeñan cargos públicos forman parte del grupo de 34 etarras que llegaron a Venezuela en 1989 deportados desde Argelia después del fracaso de las negociaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Felipe González.
El ex diplomático y antiguo ministro de Información y Turismo de Venezuela afirmó sin embargo que el caso de los siete etarras con cargos públicos es “una excepción” dentro de este grupo, ya que el resto de los 34 etarras se han integrado en la sociedad venezolana.
El ex diplomático explicó que los gobiernos anteriores a Chávez nunca quisieron nacionalizar a los terroristas y que incluso pusieron en marcha una unidad especial de la policía para realizar seguimientos sobre ellos.
Estas prácticas cesaron con la llegada de Chávez al poder, cuando se desmanteló la unidad de seguimientos, dieron de baja a los agentes que la integraban y se comenzó a otorgar la nacionalidad a muchos de los terroristas.
“VERDUGO OFICIAL”
Arria Salicetti aseguró que Cubillas es “el etarra más importante de todo Latinoamérica”. En este sentido, reiteró que Cubillas, como jefe de Seguridad del Instituto Nacional de Tierras (INTI), es el instrumento de Chávez para llevar a cabo “la política de Estado de pillaje y expoliación” y definió al etarra como “el verdugo oficial de propiedad de Venezuela”.
Explicó que en las expropiaciones de tierras Cubillas actúa “siempre acompañado por militares”, lo que escenifica a su entender “la cooperación de continúa entre Cubillas y el Ejército”.
Arria Salicetti destacó que la mayoría de las víctimas de la política de nacionalización de tierras del INTI son “pequeños y medianos agricultores españoles”, cuyas tierras son expropiados “por un etarra”. En este sentido, mostró su sorpresa por el hecho de que el Gobierno español nunca haya protestado oficialmente por estas prácticas.
Aseguró haber tenido acceso a “mucha información” sobre la relación entre ETA, las FARC y el Gobierno de Chávez. En este sentido, ha aportado al juez Velasco documentos de inteligencia sobre la actividad y los cargos de los etarras refugiados en Venezuela.
Aun así, quiso dejar claro que estos documentos no reflejan los presuntos entrenamientos conjuntos de ETA y las FARC en territorios venezolano y señaló que sobre estas actividades "la llave la tiene Colombia”, ya que sus servicios de información de ese país han investigado largamente esas relaciones.
Arria Salicetti también aseguró que el propio CNI “está muy bien informado” sobre las actividades de ETA y las FARC en Venezuela y sobre los programas de adiestramiento de terroristas.
El testigo también quiso dejar claro que no conoce de primera mano el papel de Cubillas en estos presuntos entrenamientos ni su supuesta labor como persona de enlace con los etarras que llegan a Venezuela.
Velasco había citado en un primer momento a Arria Salicetti para el día 15 de noviembre, pero posteriormente aplazó la declaración por los problemas de agenda del diplomático. El magistrado también citó como testigo al ex general venezolano Néstor González, quien finalmente declarará por escrito desde el país centroamericano en el que se encuentra refugiado.
GOBIERNO DE HUGO CHÁVEZ
Velasco ordenó estas declaraciones en el marco de la causa abierta para investigar las presuntas relaciones entre ETA y las FARC, un proceso que destapó la supuesta connivencia del Gobierno de Hugo Chávez en estos entrenamientos terroristas.
El juez destacó en un auto dictado en marzo pasado que su investigación había puesto de manifiesto “la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA”.
Con ese auto el magistrado procesó a seis presuntos etarras, entre ellos a Cubillas, y a siete supuestos miembros de las FARC por la colaboración que se prestaron ambas organizaciones para mejorar sus actividades terroristas y que se concretaron en cursillos de manejo de explosivos e, incluso, en apoyos logísticos para llevar a cabo atentados.
Dentro de estas acciones conjuntas, las FARC pidieron ayuda a ETA para poder localizar a dirigentes colombianos, entre ellos al presidente del país, Álvaro Uribe, y a su antecesor, Andrés Pastrana, “con el fin de atentar contra la vida de alguno de ellos durante su estancia en España u otro país de la UE”.
Velasco solicitó el pasado 20 de octubre la extradición de Cubillas, en este caso por dar supuestamente cobertura a los miembros de la banda terrorista que se desplazan al país sudamericano para recibir adiestramiento militar.
En esta causa se le acusa de delitos de tenencia de explosivos, colaboración con banda armada (por las FARC) y conspiración para cometer homicidios terroristas.
Más recientemente, el juez Ismael Moreno denunció el papel desarrollado por Cubillas en el adiestramiento recibido en Venezuela por los etarras Xabier Atristain y Juan Carlos Besance, pero no pidió su busca y captura internacional.