Madrid, 22 ene.- El ex consejero delegado del Banco de Valencia Aurelio Izquierdo declara hoy como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en la causa en la que investiga supuestas irregularidades en la concesión de créditos por parte de la entidad a Aguas de Valencia.
Pedraz ha citado a las 10.30 horas al que fuera también ex director general de Bancaja, al que preguntará por su participación en la operación de compraventa de acciones de la sociedad Costa Bellver al presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig, por un precio supuestamente muy inferior al que ésta abonó a su vez a la familia Bordils.
A uno de sus miembros, Germán Bordils, el magistrado le ha citado a declarar el jueves como testigo junto a Juan José Martínez, ex director financiero de Fomento Urbano de Castellón (FUCSA).
El antecesor de Izquierdo en el Banco de Valencia, Domingo Parra, también imputado por estos hechos, admitió en su declaración el pasado mes de diciembre que permitió que Aguas de Valencia hiciera esa operación con un préstamo que iba dirigido a blindar la compañía de aguas y a pesar de que el Banco de España había advertido del riesgo inmobiliario de la entidad.
Parra defendió que informó verbalmente de la operación inmobiliaria tanto al que fuera presidente de la entidad José Luis Olivas, como al resto de miembros del Consejo de Administración, en cuyas actas no se mencionó nunca este proyecto.
En la denuncia que dio origen a esta investigación, el FROB, que ejerce de acusación particular, asegura que Parra intervino en una serie de operaciones "de dudosa racionalidad económica" al haber obtenido, por vía directa o indirecta, beneficios en perjuicio del patrimonio de la entidad, al que provocó un agujero cercano a 137 millones.
Destacaba la compraventa de participaciones de la sociedad Inversiones Financiera Agval en 2008, la compra de acciones de Costa Bellver o la concesión de financiación a favor de Capital Residencial.
Asimismo, explicaba que el banco le concedió en 2008 dos créditos por un total de 48 millones -que luego se convirtieron en 54 millones-, lo que permitió a la familia Calabuig hacerse con el control de Agval.
Tanto el FROB como la Fiscalía Anticorrupción sostienen que el Banco de Valencia concedió estos préstamos para hacer frente a una opa de exclusión que aprobó la compañía valenciana para evitar que Aguas de Barcelona tomara el control de Aguas de Valencia.
Calabuig, también imputado, reconoció ante el juez que invirtió ese dinero en comprar acciones de la sociedad Costa Bellver, promotora de un proyecto inmobiliario en Oropesa del Mar (Castellón), pero precisó que el crédito no era finalista y que, por tanto, podía destinarse a lo que se estimase oportuno.
En la misma línea, Parra ha coincidido en que el crédito en principio se concedió para la opa pero que, al no ejecutarse, podía dirigirse a otros fines.
No obstante, ha reconocido que supo que finalmente fue a parar al proyecto inmobiliario en marzo de 2009, a pesar de que meses antes el Banco de España había alertado en un informe a la entidad de su alto riesgo inmobiliario.
El FROB acusa a los querellados de los delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida, y señalaba en su escrito que los créditos, que no han sido devueltos, fueron autorizados por el Comité de Riesgos, del que formaba parte Parra, gracias a la intervención decisiva de éste.
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