La Comisión de Calidad Democrática del Congreso ha rechazado este miércoles citar a comparecer en su calidad de denunciante de corrupción a José Manuel Calvente, ex abogado de Podemos que denunció presuntas irregularidades cometidas por el partido como la contratación ficticia de la consultora 'Neurona'. El PSOE y Podemos han logrado que la comparecencia se rechace gracias a la abstención de ERC, Bildu, PNV y Más País.
El PP pidió a finales de 2020 que Calvente compareciera en el marco de la subcomisión creada para estudiar medidas destinadas a mejorar la protección de las personas que denuncian comportamientos corruptos y el pasado mes de diciembre PSOE y Unidas Podemos, que tienen mayoría en la mesa de la comisión, ya frenaron esa solicitud.
No obstante, el tema se ha vuelto a votar este miércoles ya en el plenario de la comisión, donde el PP ha encontrado el apoyo de Vox y Ciudadanos frente al voto en contra de socialistas y morados. La decisión final dependía de los demás grupos, y ERC, PNV, Bildu y Más País han optado por abstenerse, dejando que se impusieran las formaciones del Gobierno.
Calvente es el denunciante del caso 'Neurona', donde el juzgado de instrucción 42 de Madrid investiga la posible existencia de un contrato simulado entre esta consultora política y Podemos para la campaña electoral de 2019 con el presunto objetivo de desviar dinero de las cuentas 'moradas'; y es testigo en el caso 'Dina', donde la Audiencia Nacional trata de averiguar cómo apareció en casa del ex comisario José Manuel Villarejo y acabó publicada la información contenida en un móvil robado a la ex asesora de Podemos Dina Bousselham.
Claro ejemplo de represalias
Los 'populares' han defendido que la experiencia de Calvente podía servir para ilustrar a los diputados sobre las represalias que suelen sufrir quienes denuncian corrupción. Y es que, el exabogado denuncia que, tras investigar y cuestionar los hechos presuntamente delictivos que achaca a dirigentes de Podemos, el partido emprendió contra él un "grave proceso de hostigamiento y represalia personal y laboral".
Podemos le despidió en diciembre de 2019 alegando una denuncia por acoso sexual, aunque después admitió que fue un despido improcedente y acordó indemnizarle con 35.000 euros. Además, un juzgado archivó la denuncia de acoso sexual y laboral que presentó en su contra quien fue su compañera en el gabinete jurídico, Marta Flor.
En la misma sesión, los 'populares' han planteado la conveniencia de la que fiscal general del Estado, Dolores Delgado, comparezca ante la misma subcomisión, pero, en su caso, dentro del grupo de comparecientes que van a proponer mejoras para incrementar la independencia de los órganos reguladores.
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