Dos exabogados de la expareja de Evo Morales piden refugio en Perú

Dos exabogados de Gabriela Zapata, la encarcelada expareja del presidente boliviano Evo Morales, solicitaron refugio político en Perú, informó este martes el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero.

"Tenemos información que los abogados (Wálter) Zuleta y (Willy) Sánchez han presentado su solicitud de refugio político ante las autoridades del Perú", informó Romero a la radio católica Fides.

"Nos hemos comunicado con el ministro del Interior del Perú (José Luis Pérez) para conocer la situación de los dos prófugos", agregó la autoridad, y contó que se confirmó la permamencia de ambos en Lima y el pedido de refugio.

Según Romero, no corresponde un caso de refugio político para ambos, pues cuando ellos salieron del país fueron denunciados por un delito común.

Zuleta y Sánchez abandonaron Bolivia a mediados de mayo pasado, acusados de los delitos de trata y tráfico de personas, pues -según la Fiscalía- están involucrados en la suplantación de un fallecido hijo de Morales y Zapata.

Un niño fue primero presentado por la defensa de Zapata ante un juez de Familia como el presunto hijo de ella con Morales, aunque luego la misma misma madre confesó que el verdadero menor falleció a poco de nacer en 2007.

Un niño también fue mostrado al canal estadounidense CNN, como supuesto hijo de Zapata y Morales, aunque no se confirmó si sería el mismo menor. La nota periodística nunca se emitió.

El principal abogado de Zapata, Eduardo León, también fue detenido a mediados de mayo, por el mismo caso.

La revelación de la relación de Morales con Zapata en febrero remeció a la opinión pública boliviana y le costó al gobernante la victoria en un referéndum, donde buscaba ser validado para postular a un cuarto mandato (2020-2025).

De acuerdo con las indagaciones, la expareja de Morales fue gerente comercial de la empresa china CAMC, que consiguió contratos con el Estado por unos 560 millones de dólares.

Zapata fue encarcelada poco después de que estalló el escándalo, como parte de una investigación por enriquecimiento ilícito. El propio gobierno asegura que ella utilizó oficinas públicas para contactar a empresarios, mientras la oposición insiste en la versión de tráfico de influencias.