Buenos Aires, 15 jul.- El exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender presentó hoy a la justicia documentación con la que busca desmarcarse de los delitos de lavado de dinero y fraude que se le imputan como responsable de los planes de construcción de viviendas del grupo humanitario.
Su abogado, Adrián Tenca, dijo a los periodistas que Schoklender presentó "documentación muy importante" que demuestra que "todas las tareas" que se le encomendaron "fueron aprobadas" y "no hubo una actuación fraudulenta" porque todo "estaba auditado".
Tenca sostuvo que se va a "demostrar que Schoklender no cometió ningún ilícito" y que "está más cerca de ser sobreseído que de ser citado a declarar" ante el juez federal Norberto Oyarbide, a cargo de las actuaciones.
El juez investiga si se hizo lavado de dinero y fraudes con los millonarios subsidios estatales asignados a los planes de viviendas administrados en todo el país por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, cuya presidenta, Hebe de Bonafini, acusó a Schoklender de ser el jefe de una "asociación ilícita".
El caso se ventila en los preámbulos de las campañas para las elecciones presidenciales del 23 de octubre próximo, en las que la mandataria argentina, Cristina Fernández, busca renovar su mandato.
En los últimos días se han desatado protestas de obreros de la construcción por la paralización del plan de viviendas de las Madres de Plaza de Mayos mientras que la oposición culpa al Gobierno peronista de Fernández por la falta de control de los subsidios con fines sociales.
El abogado de Schoklender insistió en que está "seguro" de que su cliente será exculpado porque los cargos en su contra se basan en presuntas maniobras con fondos cuyo destino fue aprobado por el Consejo de Administración de la fundación de la entidad humanitaria.
Las Madres de Plaza de Mayo han pedido ser parte querellante en las actuaciones que se le siguen a Schoklender, a quien el juez Oyarbide le prohibió la salida del país mientras avanzan las investigaciones del caso, que están bajo secreto de sumario.
Las actuaciones comenzaron el mes pasado, impulsadas por la Unidad de Investigación Financiera, entidad gubernamental encargada de combatir el lavado de dinero, que en 2010 había recibido denuncias de legisladores de la oposición que señalaban a Sergio Schoklender y su hermano Pablo como responsables de operaciones inmobiliarias con fondos ilícitos.
La Fundación Madres de Plaza de Mayo, por medio del programa Sueños Compartidos, ha construido miles de viviendas para personas de bajos recursos con fondos públicos que, según la prensa local, alcanzan los 300 millones de dólares.
Bonafini afrontó este jueves las demandas a voces de obreros desocupados que reclaman el pago de salarios adeudados, por lo que la dirigente desistió de participar de las rondas que las activistas de la asociación humanitaria llevan a cabo los jueves en la Plaza de Mayo desde hace más de 34 años.
"Váyanse a quejarse con Schoklender. Schoklender nos robó todo. Estamos haciendo todo lo que podemos", les respondió Bonafini desde una camioneta, rodeada por guardaespaldas, a los obreros que querían acercarse a ella para mostrarle los telegramas de despido.
Los hermanos Sergio y Pablo Schoklender fueron condenados hace 30 años a cadena perpetua por el crimen de sus padres, pero en la década de los 90 quedaron libres gracias a una antigua ley que computaba como dobles los años de detención previos a la sentencia.
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