Nuevos correos claves en el juicio del caso Bankia. El que fuera director de auditoría interna de la entidad, Miguel Ángel Soria, ha entregado a la Audiencia Nacional copia de una comunicación que mantuvo con el consejero delegado Francisco Verdú Pons en la que alertaba que Deloitte seguía sin tener los temas pendientes que calificó de "relevantes y necesarios" para auditar las cuentas del ejercicio 2011. Se trató de una advertencia 'in extremis' y que acabó sin concretarse puesto que 17 días después Bankia presentó los estados anuales a la CNMV sin el visto bueno de la firma.
Dicha documental, entregada al tribunal que juzga irregularidades en la salida a bolsa y a la que ha tenido acceso La Información, demuestra cómo Soria le expuso el 13 de abril de 2012 a Verdú Pons que le adjuntaba un mail remitido por Deloitte y advertía de que se trataba de una lista amplia en la cual estaban trabajando de cara a acortarla. En el mismo correo argumentaba que gracias a las advertencias de la firma ya tenían claro "cuáles eran los puntos claves para ello" y que iba a proceder a revisarlos con el interventor Sergio Durá, también acusado en el procedimiento, para trabajarla "con urgencia".
Se trata de una prueba determinante en el procedimiento teniendo en cuenta que el papel de la firma y la negativa de su socio externo Francisco Celma de auditar los estados financieros se ha convertido en uno de los asuntos troncales de la vista oral. Tanto es así que la declaración del auditor en sede judicial se prolongó durante cuatro sesiones convirtiéndose en la más larga hasta el momento. En la misma Celma, a quien las acusaciones atribuyen delito de falsedad en las cuentas, expuso que no se le remitió a tiempo toda la información que necesitaba para auditar los estados anuales de 2011 y que ninguno de los papeles que remitió a la entidad puede entenderse como un borrador de auditoría.
Apenas media hora antes de que Soria remitiera este correo interno, recibió a su vez otro desde Deloitte con copia a Sergio Durá y Francisco Celma en el que adjuntaba un resumen con la documentación pendiente de recibir a escasas semanas de que expirara el plazo legal para presentar a la CNMV los estados financieros del ejercicio anterior. La comunicación, de tres folios, recoge una serie de puntos relacionados con diferencias en la aplicación de criterios contables en lo relativo a las tasaciones y a los activos adjudicados. Sobre este último punto, la firma pedía al banco que le aclarara por qué no consideraban como tal los activos inmobiliarios que el banco mantenía a través de determinadas sociedades (algunas de las cuáles presentaban un alto grado de apalancamiento).
Además, también le recordaba que estaba pendiente de recibir determinadas informaciones relacionadas con el supervisor, tales como la autorización por parte de la CNMV del cargo a reservas realizado al cierre del ejercicio de 2011 de los estados financieros de BFA por importe de 3.931 millones de euros así como copia de las cartas enviadas al Banco de España con el criterio aplicado tanto en Bankia como en la matriz de realizar el cargo de las pérdidas contra reservas. Precisamente este ha sido uno de los asuntos en los que más ha hecho hincapié la fiscal Anticorrupción, Carmen Laúna, si bien los principales acusados, entre ellos Rodrigo Rato, respondieron que lo hicieron de ese modo por indicación precisamente del supervisor.
Plan de saneamiento del BdE
Tal y como explicó Celma en su interrogatorio, entre la documentación que requirió a Bankia se encontraba el plan de saneamiento del sector financiero de cara a cumplir con lo establecido en el Real Decreto 2/2012 además de una decena de documentos tales como el informe de Ernst&Young relativo al ajuste de 3.931 millones de euros, los cierres contables de Bankia y BFA, o una valoración de la participación del 12 por ciento que poseía Bankia en IAG. Igualmente reclamaron copia de las últimas actas de los órganos de gobierno de Bankia y de BFA así como documentación relativa a la recompra de emisiones en los tres primeros meses de ese 2012.
El asunto relativo a la negativa de Celma a firmar los estados contables de 2011 provocó una gran división en el banquillo ya que, frente a su versión de que no recibió toda esta documentación hasta la llegada a la presidencia de Ignacio Goirigolzarri, los exmiembros del comité de auditoría -tanto de BFA como de Bankia- apuntaron a que desde la firma no se les puso salvedad alguna para dar el visto bueno a los estados y que no es cierto que les hicieran llegar advertencias tan férreas las semanas previas al término del primer trimestre. La exconsejera Araceli Mora incluso fue más lejos al apuntar que le preguntó al propio Celma si el informe de tasaciones que le faltaba podía tener impacto significativo "y él dijo que no".
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