El expresidente de La Seda de Barcelona Rafael Español está más cerca de su cuarto juicio por las gestiones que llevó a cabo mientras estuvo al frente de la compañía después de que la Audiencia Provincial de Barcelona haya confirmado su procesamiento en esta causa por presunto maquillaje de las cuentas. De hecho, el órgano judicial delega en su persona la responsabilidad única de los hechos investigados y concluye que el poder de decisión en la compañía recaía en él de forma exclusiva.
De acuerdo con el auto de los magistrados al que ha tenido acceso La Información, La Seda era una sociedad "presidencialista" y, por tanto, Español -que estuvo al frente de la misma entre 1993 y 2009- no precisaba "autorización alguna" del consejo de administración para llevar a cabo operaciones o contratos. Es más, alegan que los exconsejeros desconocían "el carácter ficticio o irreal" de las operaciones que se investigan, entre las que destaca la presunta simulación de venta de plástico PET a Rusia o Túnez por más de 68 millones de euros.
Por ese motivo, la Audiencia de Barcelona mantiene el sobreseimiento en esta causa para los miembros del consejo de la compañía que firmaron las cuentas del año 2007 porque "no aparece la más mínima prueba indiciaria de la que se derive que su actividad pudiera ser constitutiva de delito alguno". Los magistrados respaldan de este modo la decisión adoptada desde el juzgado de instrucción número 3 del Prat de Llobregat (Barcelona) que también libró de cualquier responsabilidad a los miembros del consejo por el presunto maquillaje de las cuentas anuales de los años 2007 de la sociedad que acabó solicitando cinco años después concurso voluntario de acreedores.
El procedimiento arrancó en 2011 con el fin de investigar todas las operaciones presuntamente ficticias que se habrían llevado a cabo desde la cúpula de la mercantil para ocultar la verdadera situación patrimonial de la misma. De hecho, según fuentes de la investigación consultadas por este diario, todas estas maniobras llevaron a aparentar en el año 2006 unas ganancias de más de 5 millones de euros si bien la situación real era de una pérdida superior a los 60 millones de euros. En el ejercicio siguiente, se reflejaron unos beneficios cercanos a los 3 millones cuando las pérdidas ya habían ascendido a los 87 millones de euros.
Más de 400 inversores afectados
Los magistrados de la sección séptima concluyen que la venta de licencia de tecnología desde la cúpula de la mercantil fue "ficticia o simulada" y además no precisó de autorización del consejo de administración porque se trataron de asuntos que ni tan siquiera fueron debatidos en el seno del mismo. De nuevo ponen el foco en Rafael Español apuntando que era el empresario el que tenía potestad para aprobar estas operaciones "sin límite alguno en sus facultades decisorias y sin que hubiera motivos para desconfiar de la regular elaboración de las cuentas hasta el año 2009".
Por todo ello mantienen el procesamiento del principal investigado en esta causa y dan por terminada la instrucción de la misma apuntando que, de las actuaciones practicadas, se deduce que existe indicios de la comisión de delito de fraude que habría afectado a más de 400 inversores. Con todo, tampoco estiman el recurso del Ministerio Fiscal en lo que respecta a su petición de que el juzgado se inhibiera en favor de la Audiencia Nacional. El auto a este respecto es rotundo asegurando que esta última no es competente para investigar los hechos ocurridos en Barcelona, teniendo en cuenta además que ya se han practicado todas las diligencias relativas a esta parte del procedimiento.
Además de las operaciones con sociedades en Rusia o Túnez, el principal acusado recurrió a un préstamo participativo de 2,4 millones de euros a la mercantil Jatroil destinado supuestamente a desarrollar un proyecto de investigación en cultivos agroenergéticos. Con el objetivo de aparentar una simulación de ampliación de negocio también se concedieron préstamos a las sociedades Nuevo Sol Granadella, Nuevo Sol Ibiza o Promivola si bien no se desarrollaron ninguno de los proyectos.
De abrirse juicio oral, el empresario se enfrentaría a su cuarta vista teniendo en cuenta que ya se ha sentado en el banquillo de los acusados tres veces por hechos relacionados con su gestión al frente de la mercantil dedicada desde su constitución a la fabricación y venta de seda artificial. En total acumula una pena de seis años y nueve meses de prisión si bien en los tres casos se alcanzó acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal debido a que Español devolvió las cantidades que se le reclamaban, de ahí que no se descarta que en este caso se produzca la misma situación.
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