La diligencia acordada por el juez del caso 'Lezo' de rastrear en Luxemburgo el presunto desvío de comisiones irregulares de la que fuera directora financiera del Canal de Isabel II, María Fernanda Richmond, y su marido, Javier de Andrés, exconsejero delegado de Indra, ha provocado un enérgico rechazo por parte de ambos. El matrimonio ha respondido al encargo de esta cuarta comisión rogatoria arremetiendo contra la Guardia Civil, por haberla solicitado, y descartando no solo haber participado en cualquier estrategia de reparto de 'mordidas' por la compra de Emissao, sino también haber ocultado parte de su fortuna fuera de España.
De acuerdo con su escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6 y al que ha tenido acceso este diario, el capital amasado por la pareja "lo tienen y lo han tenido siempre en España". No desmiente, sin embargo, las conversaciones mantenidas en 2013 con el director general de Banque de Patrimoines Privés ni tampoco los viajes a Luxemburgo con su marido (imputado en la trama Púnica) el mes de septiembre de ese año. Ahora bien, rechaza de plano que guarde relación alguna con el reparto de comisiones cercanas a los 6 millones de euros por la compra de Emissao o su intención de blanquear cualquier cuantía.
Para apuntalar su versión, la defensa de la exdirectiva del Canal se ampara en las confesiones que prestaron los principales cabecillas de esta red en su declaración en sede judicial. En concreto, Edmundo Rodríguez Sobrino (hombre fuerte de Ignacio González en Sudamérica) y otros imputados como Diego García Arias (el arrepentido del caso 'Lezo') reconocieron que la operativa que costó al Canal 21,4 millones de euros estuvo plagada de irregularidades. "Edmundo me había hablado de una comisión global de más o menos seis millones de dólares (...). Y ahí es cuando me voy a Colombia y le cuento el tema y me dice: Diego, sí, listo, cerrado, no hay ningún problema", dijo el arrepentido de la red al juez.
Sobrino niega pagos a Richmond: "Se me caería la cara de vergüenza"
Estos acusados negaron categóricamente que Richmond estuviera al tanto de la argucia diseñada entre ellos para desviar parte del monto total que destinó la empresa madrileña de aguas a la adquisición de la mercantil brasileña. "¿No le ha pagado usted nada a María Fernanda?" le preguntó el representante del Ministerio Fiscal a Rodríguez Sobrino en su declaración el 13 de julio de 2017. "Jamás. Además, se me caería la cara de vergüenza", respondió. Confesiones clave, a juicio de la defensa de la acusada, con las que arremete contra la Unidad Central Operativa por solicitar las comisiones rogatorias y contra el magistrado Manuel García Castellón por acordarlas, tal y como adelantó el diario Vozpópuli.
Sobre toda la información que el matrimonio recabó de determinadas entidades bancarias en Luxemburgo, el escrito concluye que se trata de un paso "lícito y legal" y que carece de lógica cursar ese intercambio de documentación si en realidad "se va a llevar a cabo un blanqueo de capitales o una evasión ilícita". Es más, asegura que no solo no se le ofreció participar en esta confabulación sino que se enteró de los pormenores de la operación tras la detención de Ignacio González en abril de 2017 con motivo del estallido de la trama.
De Andrés y González: amigos íntimos desde la adolescencia
Precisamente, la defensa de Richmond se remite a la "estrecha relación personal de amistad" entre De Andrés, el expresidente de la Comunidad de Madrid y el director general de la entidad luxemburguesa, Carlos Fernández-Rubíes, para justificar dichos viajes a la ciudad europea. Además, considera que el hecho de poner el foco en las cuentas del exconsejero delegado de Indra es un acto "palmario" puesto que ni está imputado en este procedimiento ni hay constancia de que tenga cuentas en el extranjero. Los reproches a los investigadores alcanzan también a la Fiscalía a quien le acusa de comportarse "como una mera homologadora de esa actuación policial".
El instructor, sin embargo, ordenó que se librara esta cuarta comisión rogatoria el pasado mes de diciembre debido a la "participación relevante" de Richmond en la compra de la mercantil brasileña no solo por su alto cargo en el Canal sino por el puesto que ocupó en el Consejo de Administración de Canal Extensia, empresa matriz de la madrileña. Entre la ingente batería de documentación que requirió el juez a las autoridades luxemburguesas destacan los extractos de movimientos bancarios de las cuentas a su nombre, informes de saldo o copia de posibles poderes notariales.
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