El año 2020 supuso el fin del periplo judicial por la caída de Bankia y del que salió indemne Rodrigo Rato. El exvicepresidente del Gobierno logró su absolución por la salida a bolsa de la entidad pero todavía tiene un frente judicial abierto y es el relativo al que investiga el origen de su fortuna familiar. La causa, que se sigue en el juzgado de instrucción número 31 de Madrid, encara su recta final tras cerca de cinco años de investigación. En el marco de estas últimas diligencias adoptadas, se encuentra el interrogatorio a su excuñado, Santiago Alarcó, por delito de blanqueo de capitales.
Según confirman fuentes jurídicas a La Información, Alarcó declaró en sede judicial el pasado 21 de diciembre en calidad de investigado por su vinculación a las sociedades del exdirector gerente del FMI, Kradonara y Vivaway. La Fiscalía Anticorrupción trata de investigar el papel que tuvo el excuñado del que fuera vicepresidente del Ejecutivo en la gestión de estas firmas entre los años 2001 y 2006 ante las sospechas de que el expresidente de Bankia se valió de ellas para gestionar importantes cantidades de dinero que provenían del extranjero. Alarcó, que solo respondió a las preguntas de su defensa, ya figuraba como imputado en este procedimiento si bien algunas de líneas de investigación que le salpicaban se fueron archivando.
Una de ellas es la relativa a la contratación por parte de Bankia en calidad de asesor externo. El magistrado Antonio Serrano-Arnal zanjó esta parte de la causa en febrero de 2017 al considerar que no se había podido demostrar que su trabajo hubiera supuesto un perjuicio al patrimonio de la entidad que ahora preside José Ignacio Goirigolzarri. Más bien al contrario, el juez primero y la Audiencia Provincial de Madrid después, ratificaron los servicios prestados entre 2010 y 2012 para Bankia así como su participación en las reuniones del Consejo de Administración de ese periodo. De este modo dieron carpetazo a la pretensión de Anticorrupción de investigarle por delito de administración desleal por los trabajos con los que cobró 120.000 euros el primer año y 240.000 euros el segundo.
Las sociedades de Rato
Cuestión diferente es todo lo relacionado con la administración de las firmas implicadas en la causa. En su informe de enero de 2017, la Agencia Tributaria concluyó que el expresidente de Bankia se apoyó en estas sociedades pantalla para canalizar los pagos de trabajos de asesoría a entes como Telefónica. Al respecto, el magistrado dejó abierta la vía para investigar a Alarcó por haber figurado al frente de estas firmas al menos hasta 2006, año en que pasaron a nombre de Rato. De hecho, no es la primera vez que declara por este asunto ya que le citó igualmente a finales de 2019 por los mismos hechos. No obstante, en este caso las fuentes consultadas explican que, tras cerca de cinco años de investigación penal, la instrucción está cerca de zanjarse.
Al inicio, el magistrado Serrano-Arnal dividió el procedimiento en más de una decena de piezas separadas para facilitar la instrucción. Con el paso del tiempo alguna de las líneas de investigación se fue cerrando, como la que afecta a la contratación de Alarcó o la de la sociedad Cor Comunicación. Sobre esta última, relacionada con irregularidades en el ejercicio fiscal de 2009, Rato expuso que no tenía más recorrido al tratarse de hechos prescritos a efectos penales. El que fuera vicepresidente económico del Ejecutivo mantiene que existe una caza de brujas respecto a su persona y niega que cometiera delito fiscal ni blanqueo de capitales con la gestión de su fortuna. Igualmente ha criticado las acusaciones de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria que le atribuyó un fraude de 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015, año en que arrancó este procedimiento.
Un solo juicio
Con todo, el esquema de piezas separadas que se mantuvo vigente desde el arranque del caso no prosperó después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara al instructor a aglutinar todo en un mismo asunto y a juzgar la causa entera de manera conjunta. El magistrado acató este criterio y ello pese a que ya había una de ellas que tenía escrito de calificación de la Fiscalía Anticorrupción y estaba pendiente de fijarse fecha de vista oral. Se trata de la relativa a los contratos de publicidad que encargó Bankia entre los años 2009 y 2012 y por la que se sentarán en el banquillo, además de Rato, el exsecretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella y otra decena de personas más. Anticorrupción apunta que con estos contratos se cobraron comisiones ilegales por importe de dos millones de euros y pedía por este asunto cuatro años de prisión para el exdirector del FMI.
La Sección 23, que es la que estudia todos los recursos de este caso, determinó que la parte de la contratación de publicidad así como los delitos fiscales y de corrupción entre particulares son conexos con el de blanqueo de capitales, que se ha seguido en otra pieza separada. Por ese motivo entendió que debía enjuiciarse todo de manera conjunta. Con todo, no es la primera vez que la Audiencia de Madrid apercibe a los investigadores. A comienzos de 2019 ya frenó algunas comisiones rogatorias a Mónaco o a Luxemburgo para agilizar los trámites tras cuatro años de pesquisas. Se trata de un criterio que siempre ha defendido Rato (el cual alega que la causa está agotada) frente a la tesis de la fiscal Elena Lorente que pedía más años de instrucción para acotar la fortuna en el extranjero.
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