Jueves, 20.06.2019 - 05:18 h
El juez impone fianzas de hasta 400 millones

La excúpula de Defex, al banquillo por el fraude de la venta de armas en Angola

De la Mata abre por primera vez juicio oral en una pieza de esta macrocausa. Se dirige contra24 personas, entre ellas Beatriz Paesa. 

El juez procesa a la empresa pública Defex por la venta de armas a Arabia Saudí
El juez también ha terminado la investigación de las piezas de Camerún y Arabia Saudí.

Primer juicio a la vista de la macrocausa por el fraude de la empresa pública Defex. El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral en el marco de la pieza de Angola contra la propia Defex y 24 personas físicas -entre ellas la excúpula de la mercantil y Beatriz Paesa- por el contrato irregular de 153 millones de euros para la venta de suministro de material policial. La magnitud del presunto fraude ha llevado al instructor a fijar fianzas millonarias que en algunos casos superan los 400 millones de euros entre multa y responsabilidad civil.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 terminó la investigación de esta pieza en julio del año pasado y a esta le han seguido las actividades de la trama en Camerún y Arabia Saudí. En este caso concreto se abre juicio oral contra Defex, Comercial Cueto 92, Global Reach S.A y otras 24 personas por un total de ocho delitos, entre ellos organización criminal, blanqueo, malversación y falsedad documental.  Entre los principales acusados se encuentran el expresidente de Defex José Ignacio Encinas y de Comercial Cueto 98 Juan Carlos Cueto para quienes la Fiscalía pide 50 años de cárcel. 

De la Mata también envía a juicio al exdirector comercial de Defex Manuel Iglesias-Sarriá; a exdirectivos como Icíar de Iraola Lachiondo y a Beatriz Paesa, sobrina del espía Francisco Paesa. La abogada intentó sortear sin éxito su procesamiento en esta pieza si bien la Sala se lo mantuvo siguiendo así el criterio del juez instructor que le atribuye un papel fundamental en esta red puesto que se dedicó a ocultar y blanquear 'mordidas' resultantes del negocio de venta del material en el país africano.

De acuerdo con el auto del instructor, existen indicios sólidos y consistentes que ponen de manifiesto que todas las operativas desarrolladas por la UTE Cueto Defex en Angola consistían en "conseguir contratos públicos" para la empresa mediante el pago de mordidas a autoridades y funcionarios públicos angoleños. Para ello, otorgaban también comisiones extraordinarias a agentes mientras que las mercantiles implicadas en este entramado se aprovecharon de la "absoluta falta de mecanismos y procedimientos de prevención de delito" para apropiarse de "cantidades multimillonarias de los contratos de la UTE para beneficio particular". 

No es la primera vez que el magistrado de la Audiencia Nacional advierte acerca de la absoluta falta de control en dicha empresa pública. Sin embargo, esta pieza concreta muestra además su malestar porque Fiscsalía y Abogacía del Estado exoneren de delito fiscal a Defex. Al respecto les reprocha que no formulen acusación contra la mercantil pese a que admiten dos defraudaciones fiscales respecto al impuesto de sociedades de los ejercicios 2008 y 2009. El fraude en cuestión ascendería a los 11 millones de euros, cifras "muy superiores" a los 120.000 que determina la relevancia penal.

Abogacía apunta a la SEPI

Para el instructor se trata de una "rotunda evidencia" que tanto el Ministerio Público como los servicios jurídicos del Gobierno no deberían pasar por alto y ello pese a que, "paradojicamente", la Abogacía del Estado dedica gran parte de su escrito de acusación a defender a Defex. En concreto argumenta que esta mercantil no es sujeto pasivo del impuesto de sociedades por serlo la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); a la que considera entidad dominante. 

Para De la Mata, el asunto resulta "aún más reprochable" si se tiene en cuenta, además, que el efecto deseado y directo de las maniobras investigadas fue derivar las cantidades presuntamente defraudadas a la comisión de delitos, "o a los propios bolsillos de los administradores" por lo que el juez concluye que deberían por tanto responder penalmente de esas cuotas tributarias. Aunque el magistrado ya puso punto y final a las investigaciones de las piezas de Angola, Camerún y Arabia Saudí, todavía sigue instruyendo la parte relativa a los países de Brasil y Egipto.

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