Jaime González, juez del Tribunal B de Mayor Riesgo, a cargo del caso, indicó que al quedar "comprobada la incapacidad del acusado para comparecer a juicio oral y público", se determinó que el debate se realizará a puertas cerradas y sin presencia de periodistas.
"Todos los peritos en psiquiatría coincidieron que el acusado padece una enfermedad mental", refirió el juez durante la resolución, tras conocer la semana pasada el resultado de exámenes realizados al exdictador en un hospital privado, que prueban la demencia del general retirado.
Ríos Montt, de 89 años, enfrenta cargos por la matanza de 1.771 indígenas mayas ixiles del norte de Guatemala durante su régimen, entre 1982 y 1983, considerado el más sangriento de la guerra civil (1960-1996).
En caso de resultar condenado, el exdictador tendría que cumplir medidas de seguridad adecuadas a su deteriorada condición de salud, como reclusión en un hospital o en su residencia, explicó la AFP Héctor Reyes, abogado del querellante Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos.
"Él se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales cuando estaba como presidente de la junta militar de gobierno, por lo cual no puede quedar impune su responsabilidad en esas graves violaciones a derechos humanos", expresó el jurista.
En el nuevo juicio, el exdictador será representado por sus abogados defensores Jaime Hernández y Luis Rosales, según la resolución.
El exdictador debe comparecer ante la justicia luego de que la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia legal del país, anulara una sentencia a 80 años de prisión por genocidio. Esta sentencia había sido dictada el 10 de mayo de 2013 alegando errores procesales, por lo que se ordenó realizar nuevamente el juicio.
El pasado 5 de enero comenzó un nuevo proceso judicial por delitos de lesa humanidad, pero los abogados del militar recusaron a la jueza Jeannette Valdez por haber opinado sobre el genocidio en una tesis académica en 2004.
La justicia sustituyó a Valdez y fijó el inicio del debate para el 23 de julio, pero la audiencia no pudo iniciar debido a que se ordenaron los peritajes psiquiátricos a Ríos Montt.
En el dictamen también se ordena que José Rodríguez, exjefe de inteligencia militar durante la dictadura de Ríos Montt y quien enfrenta los mismos cargos, continúe el proceso ordinario por genocidio en paralelo al juicio contra Ríos Montt.
Al concluir la audiencia que transcurrió durante unas cuatro horas, Luis Rosales, abogado del exdictador, dijo a la AFP que en breve impugnarán el fallo del tribunal y reiterarán la solicitud del fin de la persecución penal contra su cliente.
La audiencia se realizó en una pequeña sala del Palacio de Justicia, en el centro de la capital, con la presencia de indígenas familiares de las víctimas.
"Él (Ríos Montt) hizo un genocidio en nuestros pueblos, murió mucha gente, quemaron nuestras casas y nuestros animales, no es posible que se quede así" en la impunidad, dijo a la AFP María Cedillo, de 49 años, vestida con su colorido traje regional y quien viajó desde el municipio de Santa María Nebaj, 250 km al oeste de Ciudad de Guatemala.
Los querellantes en el caso atribuyen el genocidio cometido durante el régimen de Ríos Montt a una política de exterminio contra el pueblo indígena maya-ixil, que los militares consideraban base de apoyo de los movimientos insurgentes durante la guerra civil.
Entre las pruebas que respaldan esa acusación, la Fiscalía y los querellantes han presentado planes y documentos del Ejército, así como una entrevista en video hecha a Ríos Montt cuando ejercía el poder.
"Yo quiero que siga (el juicio), que (Ríos Montt) pague lo que hizo", agregó Cedillo, quien vio morir a sus primos y tíos durante las matanzas atribuidas a los militares.
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