Exdiplomático iraní demandará a una ministra británica por retraso en proceso

  • El exdiplomático iraní Nasrolá Tayik, que ayer fue puesto en libertad por un juzgado de Londres tras seis años de proceso de extradición por una reclamación de Estados Unidos, demandará a la ministra del Interior británica, Theresa May, por el tiempo que pasó en arresto domiciliario.

Teherán, 14 dic.- El exdiplomático iraní Nasrolá Tayik, que ayer fue puesto en libertad por un juzgado de Londres tras seis años de proceso de extradición por una reclamación de Estados Unidos, demandará a la ministra del Interior británica, Theresa May, por el tiempo que pasó en arresto domiciliario.

Tayik, exembajador de Irán en Jordania, de 59 años, casado y con dos hijos, declaró hoy a la televisión oficial iraní en inglés, PressTV, que ese largo periodo recluido en la capital británica ha tenido "graves efectos negativos" en su salud y en la de su familia.

"En realidad, he sido utilizado como rehén durante seis años", recalcó el exdiplomático, quien agregó que no podía explicar las "duras condiciones" a las que ha estado sometido desde que fue detenido en el Reino Unido en 2006, reclamado por EEUU, que le acusaba de tratar de exportar ilegalmente a Irán equipos de visión nocturna.

Tayik, que fue profesor honorario de la universidad inglesa de Durham, ha insistido en que las acusaciones contra él tenían motivaciones políticas, después de que negociara la compra de equipos de visión nocturna de fabricación estadounidenses para un estudiante que los necesitaba para una investigación.

El pasado 27 de noviembre, los jueces del Tribunal Superior de Londres admitieron un recurso de Tayik y consideraron que EEUU era responsable de unos retrasos procesales injustificados que habían llevado al ciudadano iraní a permanecer seis años recluido.

Por ese motivo, el tribunal londinense daba 14 días a los gobiernos de Washington y Londres para recurrir su resolución y, en caso contrario, ordenaba su liberación en ese plazo.

La extradición fue autorizada por los gobiernos laborista y conservador británicos y su tramitación se demoró sobre todo por la lentitud de EEUU a responder a preguntas procesales, ya que a una de ellas tardó más de dos años en contestar.

El Tribunal Superior de Londres consideró que ese retraso fue injustificado y que EEUU había querido marcar las pautas de la extradición, de forma que el sospechoso fuera entregado en un momento de su conveniencia, lo que "no es permisible" en la vigente legislación británica.

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