La causa que se instruye en la Audiencia Nacional por la quiebra del Banco Popular ya cuenta con una misiva reclamada por las acusaciones desde hace mucho tiempo y en la que, de manera muy explícita, el entonces dircom de la entidad, Carlos Balado, mostró su repulsa a las filtraciones de información desde el mismo Consejo de Administración. Tanto es así que llegó a calificarlas de "perniciosas, irresponsables y desconsideradas".
Mucho se había hablado de la trascendencia de esta carta, enviada a finales de 2016 al entonces secretario del Consejo Francisco Aparicio Valls, si bien no ha sido hasta hace apenas unos días cuando el Banco Santander la ha remitido al juez Ismael Moreno, quien instruye de manera temporal la causa en sustitución del magistrado Fernando Andreu. En la misma, Balado expuso que estaba asistiendo con "perplejidad" a la difusión "interesada e intencionada" de información confidencial que estaba en posesión de los consejeros de la entidad.
En este documento, al que ha tenido acceso este diario, denuncia que los medios se estaban haciendo eco de informaciones "opuestas a la posición oficial e incluso contradictorias" a la que la entidad había acordado hacer pública. Además, culpa de estos hechos directamente a algunos consejeros de aquella etapa -relativa a los últimos meses de presidencia de Ángel Ron- al entender que actuaron en contra de la entidad. Los accionistas insistieron en que se investigaran estos términos alegando que, como resultado de esas filtraciones y de otras que siguieron en 2017, se desplomó el valor de las acciones.
"Las fugas de información tienen un efecto pernicioso, pero cuando proceden de los consejeros, perjudican la imagen, sitúan a los demás medios en contra del banco, distorsionan gravemente los hechos y dañan la reputación de la entidad", escribió Balado en su momento y añadió que, pese a haber vivido situaciones similares de fugas de información, nunca se habían producido actuaciones "tan irresponsables y desconsideradas" como a las que hizo alusión.
La Audiencia Nacional investiga desde octubre de 2017 los hechos relacionados con el desplome del Popular que, en julio de ese año acabó comprando el Santander por el simbólico precio de un euro. El juez que comenzó instruyendo la causa, Fernando Andreu, puso la lupa tanto en la fallida ampliación de capital de 2.505 millones de euros en mayo de 2016 como en la presunta manipulación de mercado, ya bajo la etapa de Emilio Saracho, mediante la publicación de supuestas informaciones "falsas". Por ese motivo, imputó a los dos expresidentes del banco aunque todavía no se les ha citado a declarar, puesto que el juzgado está a la espera de recibir las conclusiones del peritaje encargado al Banco de España.
'Proyecto Sky'; la única referencia del peritaje del BdE
De hecho, el resultado que desprenda la investigación de los dos expertos será clave para el devenir de la causa puesto que a ambos se les encomendó a comienzos de año que hicieran un examen exhaustivo de la actividad del banco entre los años 2012 y 2017 (aunque luego la Sala lo limitó a los ejercicios comprendidos entre 2015-2017). El objetivo es esclarecer si el folleto relativo a la ampliación de capital incluía unos estados contables que, lejos de reflejar la situación fiel de la entidad, estaban maquillados con el fin de ganar inversores.
A falta de conocer sus conclusiones, los peritos no han pasado por alto que en una de las actas del comité de dirección de la entidad aparecía la denominación 'proyecto Sky' para referirse a la ampliación de capital. Se trata de una referencia desconocida hasta el momento y que llamó la atención de los expertos hasta el punto de que pidieron al juez que indagara acerca de este término. Por ese motivo, el instructor solicitó el Santander que remitiese cualquier información relacionada con el mismo al que hicieron alusión los antiguos gestores de acuerdo con el acta del 18 de mayo de 2016.
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