Exdirectivo de RTVV culpa a los técnicos de los contratos por visita del papa

Madrid, 28 jun.- El exdirector económico financiero de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) Ricardo Calatayud ha señalado al grupo de técnicos como responsables de la adjudicación del contrato del ente público valenciano a empresas relacionadas con la trama "Gürtel" durante la visita del papa a Valencia en 2006.

Así lo han señalado fuentes jurídicas después de que haya prestado declaración durante alrededor de una hora y media ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que el pasado 8 de junio le imputó delitos continuados de prevaricación y malversación.

Calatayud ha confirmado así la versión que ofreció el pasado 8 de mayo ante el magistrado el exdirector general de Radiotelevisión Valenciana Pedro García Gimeno, también imputado por un delito continuado de cohecho, otro de prevaricación, uno de malversación de caudales públicos, otro de blanqueo y varios delitos contra la Hacienda Pública.

Entonces, García Gimeno explicó que la mesa de contratación era la encargada de estudiar y analizar los contratos que contaban con su aprobación final, pero en todo momento responsabilizó a los técnicos que propusieron la adjudicación de la sonorización del evento a la constructora Teconsa, sin experiencia en el sector del sonido o la televisión.

Además, el exdirector económico de RTVV ha desmentido las afirmaciones que realizó ante el juez otro de los imputados, el exjefe del departamento técnico del ente Luis Sabater, que el pasado pasado 31 de mayo especificó a Ruz que la misión de Calatayud fue ordenar o transmitir las órdenes de adjudicar el contrato y en elaborar el informe de propuesta del expediente.

Según las fuentes consultadas, Calatayud ha subrayado que tenía "poca capacidad de decisión" y ha incidido en que el citado informe, fechado el 4 de mayo de 2006, fue firmado ese día y no el 10, tal y como afirmaba Sabater.

Ha admitido además que ese 10 de mayo Teconsa ya recibió 3,5 millones de euros por la adjudicación y, preguntado por el hecho de que percibiera esta cantidad tan sólo seis días después de que se le concediera la sonorización del acto, ha incidido en que el contrato contemplaba que se le podía anticipar el 50 por ciento de la adjudicación, cifrada en 7,5 millones de euros.

Por otra parte, hoy estaban también citados en calidad de testigos Andrés Bravo, Alejandro Serrano, José Selva Guillén y Teresa Villó -cuya comparecencia se ha aplazado-, que fueron mencionados por Sabater en su declaración y que trabajaban en Canal Nou cuando se celebró el V Encuentro Mundial de las Familias entre el 7 y el 9 de julio.

Bravo, que fue auxiliar administrativo en el departamento de Sabater, ha respaldado el testimonio de su superior entonces y ha explicado que el modelo de contrato de la adjudicación no se correspondía con el modelo que solía utilizar él.

Por esta causa, el juez mantiene imputados a once personas, entre ellas al considerado cabecilla de la red "Gürtel", Francisco Correa; su presunto número dos, Pablo Crespo, y al gestor de Orange Market Álvaro Pérez, "el Bigotes".

Además, el exdirector de Antena, Antonio de la Viuda, Vicente Torró Casanova, administrador único del grupo Avalon, y Ana María Martínez Penades, y Óscar Fragio, representante de dos de las empresas adjudicatarias de los contratos con la RTVV que reconoció que pagó una comisión de 88.000 euros al número dos de la red Gürtel por encargarse de la sonorización del evento.

Según Ruz, a través de la subcontratación de servicios con Impacto Producciones, Apogee Telecomunicaciones y Sirius Show Equipment, así como de los gastos contabilizados para la ejecución del contrato y las facturas emitidas por Wild Electronics, Castaño Corporate y Free Consulting -un total de 1.242.690 euros-, Teconsa podría haber dejado de ingresar diversas cantidades a Hacienda.

Las cantidades presuntamente defraudadas al usar como pantalla esas empresas serían la cuota de IVA soportado de 198.830 euros y el Impuesto de Sociedades de 2006 por la deducción improcedente de las facturas emitidas por las anteriores mercantiles al no responder a la prestación de servicios reales, cifrado en 434.941 euros.