El exembajador de Finlandia pide un destino de similar responsabilidad tras ser absuelto por la Audiencia Nacional

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a Vega de los delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsificación de documento oficial al entender que el diplomático "se apartó" de las normas previstas para contratar el servicio doméstico de la residencia oficial, pero no incurrió en ningún delito ni destinó dinero de las arcas públicas para su "provecho particular".

Los magistrados Manuela Fernández Prado, Ramón Sáez Valcárcel y Fermín Echarri consideran probado que en el año 2011, cuando Vega tomó posesión en la legación, se encontró con la dimisión del mayordomo y la baja de la empleada doméstica, por lo que se creó una "situación de urgencia" a la que trató de atender de manera "provisional" con cargo a una partida presupuestaria que permite hacer pagos menores por prestación de servicios en casos de necesidad.

En un comunicado remitido a los medios, el exembajador se ha felicitado de que finalmente se haya conocido la verdad y se haya hecho justicia tras cuatro años de proceso judicial en que el ha estado condenado al "ostracismo". "En el juicio ha quedado demostrado que todo lo hice como primer responsable y en el máximo interés de nuestra representación diplomática en Finlandia. La sentencia limpia mi nombre", ha subrayado.

Por ello, Marcos Vega ha instado al Ministerio de Asuntos Exteriores a destinarle a un puesto de similar responsabilidad al que tenía como embajador de España en Finlandia.

Por su parte, José María Garzón, abogado del exembajador, ha subrayado que este caso "jamás debería haber llegado tan lejos". "Se ha perjudicado la carrera de un hombre bueno y muy profesional. El tribunal ha hecho suyas nuestras tesis. Como abogado no puedo pedir más", ha dicho.

Ante la dificultad de reclutar empleados en Helsinki, el entonces embajador realizó gestiones con el canciller para reclutar a dos trabajadoras dispuestas a migrar al país. Localizó a dos mujeres naturales de Filipinas y Yemen, con las que no tenía una relación anterior, y con el objetivo de asegurar el "mejor" funcionamiento del "servicio público de la residencia del jefe de la misión".

A su juicio, no puede entenderse que la "decisión de concertar esa modalidad de prestación de servicios, limitada en el tiempo hasta que pudiera proveerse la plaza en forma, fuese grosera para el derecho o tuviera un carácter disparatado o esperpéntico". Según añaden, tampoco puede calificarse como arbitraria ni injusta, ya que no fue acordada por una "mera voluntad o capricho" del funcionario.

El tribunal ha distinguido lo que es una "irregularidad" de una prevaricación, recordando que en la selección de las candidatas participó el canciller --que le denunció-- y una auxiliar de la embajada, que no pusieron "objeción alguna". Destaca que el dinero que salió de la caja de la embajada fue destinado a atender necesidades relacionadas con su actividad.