Exfuncionario argentino niega uso de fondos de servicio secreto para sobornos

Buenos Aires, 5 sep.- El exsecretario de inteligencia argentino Fernando de Santibáñez negó hoy que se hayan utilizado fondos del servicio secreto para el pago de sobornos a senadores para aprobar una polémica reforma laboral en 2000.

"Todos los fondos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) fueron usados en forma legal y estaban debidamente documentados", afirmó el exfuncionario ante el tribunal oral que lo juzga junto a otras siete personas, entre ellos el expresidente Fernando de la Rúa (1999-2001) por el presunto pago de sobornos.

Al iniciar hoy su comparecencia en juicio, De Santibáñez mostró ante los magistrados documentos de la ejecución presupuestaria de la SIDE, de donde presuntamente salieron los fondos para el pago de los sobornos a senadores, según denunció el exsecretario parlamentario Mario Pontaquarto, quien confesó haber llevado él mismo el dinero.

En este juicio, que se inició el pasado 14 de agosto, ya han declarado Pontaquarto, que acusó a De la Rúa de haber ordenado el pago de los sobornos, y el exmandatario, que negó las acusaciones.

Si es encontrado culpable, De la Rúa, que renunció a su cargo en diciembre de 2001 en medio de un estallido social y una severa crisis económica, puede recibir una pena de hasta seis años de prisión, al igual que los otros acusados.

El proceso es el segundo juicio contra un exmandatario democrático argentino desde la última dictadura tras el proceso que se siguió a Carlos Menem (1989-1999) por el presunto contrabando de armas a Croacia y Ecuador, en el que fue absuelto.

Junto a De la Rúa, están sentados en el banquillo de los acusados los exsenadores peronistas Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Constanzo y Ricardo Branda, que por entonces eran opositores al Gobierno del radical De la Rúa.

También son sometidos a juicio De Santibáñez, Pontaquarto y el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique.

Se prevé que el juicio oral se prolongue durante seis y ocho meses y que atestigüen ante el tribunal unas 340 personas.