Exhumado Franco del Valle de los Caídos la guerra con la familia del dictador no acaba aquí. Pedro Sánchez quiere seguir avanzando en una renovada Ley de Memoria Histórica de cara a la próxima legislatura y por eso va a plantear nuevas medidas para acabar con una serie de privilegios de los que todavía gozan los nietos del dictador. Revocar su título nobiliario es el principal objetivo de un PSOE que va a incluir en el programa electoral para el 10 de noviembre un catálogo de medidas para reparar la memoria de las víctimas de la guerra civil y el régimen de Franco.
El Gobierno de Sánchez llevaba negociando con la familia Franco un año. Ha sido una larga batalla para Moncloa pero ayer se respiraba satisfacción en el equipo del presidente en funciones. Ha sido Félix Bolaños, secretario general de Presidencia, quien ha mantenido largas conversaciones con Francis Franco en su despacho del edificio de Semillas, donde se ubica el gabinete presidencial. Todo un periplo con demandas mediante hasta la operación final de exhumación que se desarrolló ayer jueves.
Sánchez, sin embargo, no ha dicho su última palabra. Para él sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos ha sido el gran hito de su Gobierno, pero en la próxima legislatura quiere seguir dando pasos en materia de memoria histórica y ya tiene en su punto de mira el ducado de Franco que a día de hoy ostenta Carmen Martínez-Bordiú. La nieta del dictador recibió el título nobiliario el 31 de mayo de 2018, justo mientras en el Congreso de los Diputados se estaba debatiendo la moción de censura que llevó a Sánchez a La Moncloa. La orden fue firmada por el exministro de Justicia, Rafael Catalá.
"De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque de Franco, con Grandeza de España, a favor de doña María del Carmen Martínez-Bordiú Franco, por fallecimiento de su madre, doña Carmen Franco Polo". Es la resolución que publicó el BOE el 12 de julio, ya con Pedro Sánchez en La Moncloa.
El objetivo de Sánchez es acabar con este privilegio y con otras casi cuatro decenas de nombramientos que se concedieron durante la dictadura. Será uno de los compromisos reflejados en el programa electoral del PSOE de cara al 10-N. La medida ya estaba incluida en el documento con el que se presentaron a los comicios del 28 de abril y decía así: "Reformar la legislación sobre títulos nobiliarios con el fin de suprimir aquellos títulos que representen la exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura".
En el PSOE saben que acabar con todos los títulos concedidos, creados o rehabilitados por Franco que se encuentran en activo y con titulares vivos no va a ser fácil. Pero un ala del partido lo lleva reclamando con insistencia desde que Sánchez llegó a La Moncloa. Esperan poder desarrollar esta ofensiva a lo largo de la próxima legislatura y acabar con estos privilegios que son ostentados a día de hoy por hijos y nietos de los generales y personas afines al dictador.
Antes de convocar las elecciones de abril el Gobierno socialista desveló que ya estaba trabajando en un proyecto para revocar todos estos títulos nobiliarios que concedió Francisco Franco. Así lo explicaba el Ministerio de Justicia en una respuesta parlamentaria al diputado de En Comú Podem Jaume Moya. El departamento que dirige Dolores Delgado, que ayer ejerció de notaria mayor del Reino en la exhumación e inhumación y que tuvo algún encontronazo con los familiares del dictador, añadía que para poder suspender los aprobados en su día por el régimen franquista habría que reformar la ley, una posibilidad que estaba estudiando la dirección general de Memoria Histórica.
Justicia recordaba que las últimas actualizaciones de la legislación nobiliaria, amparada por el artículo 62 de la Constitución, tuvieron lugar en 1988 mediante un real decreto y en el 2006 a través de la ley para garantizar la igualdad de hombres y mujeres en el orden de sucesión de estos títulos.
El primer ducado creado por Franco fue el de Primo de Rivera, concedido en 1948 y de manera póstuma al creador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, y que seguirá enterrado en el Valle de los Caídos. Igualmente en este año se creó el título Duque de Calvo Sotelo, que fue otorgado a título póstumo al político José Calvo Sotelo; al igual que el de Duque de Mola al general Emilio Mola y el título de Conde Alcázar de Toledo al capitán general José Moscardó. En 1949 fue nombrado Marqués de Dávila el general Fidel Dávila; Conde de Labajos, a título póstumo, a favor de Onésimo Redondo; y Conde de Pradera, a Víctor Pradera. Otros títulos importantes del franquismo son el de Conde del Jarama, Marqués de Alborán, Marqués de Queipo de Llano, Marqués de Somosierra, Marqués de Ramón y Cajal, Marqués de San Leonardo de Yagüe, Conde de la Cierva, Duque de Carrero Blanco o Conde de Maeztu, entre otros.
El Pazo de Meirás, otro objetivo de Sánchez
La otra batalla que enfrenta al Estado y la familia es la del Pazo de Meirás. Tanto la Xunta como el Parlamento de Galicia llevan más de una década reclamando la titularidad pública de la que fuera 'casa de veraneo' del dictador en la localidad coruñesa de Sada. La última vez que el legislativo gallego reiteró su postura fue en agosto de 2018, cuando de forma unánime instó a la Administración central a tomar todas las medidas que considerase oportunas para recuperar el Pazo. Sánchez no dudó en recoger el guante y la Abogacía del Estado interpuso una demanda en los juzgados de A Coruña para intentar recuperarlo.
Entre las alegaciones que presentó la Abogacía está un acta notarial de 1938 que demostraría que la cesión del terreno que le hizo la llamada Junta pro Pazo al dictador en aquel año tendría alguna irregularidad. La primera estaría en la adquisición inicial de las también conocidas como Torres de Meirás a la familia de la escritora Emilia Pardo Bazán, que según la Abogacía se pagó tras obligar a todo el pueblo a aportar dinero para comprarlas. Además, la demanda sostiene que la dictadura orquestó la operación para que dicha Junta lograse la escritura.
Otro argumento es la adquisición total del Pazo por parte de Franco en 1941. El precio fue "irrisorio": apenas 85.000 pesetas para un terreno de más de 1.000 metros cuadrados que en la actualidad la familia del dictador ofrece en venta por 8 millones de euros. Para su defensa, los herederos del 'caudillo' esgrimen la escritura de Meirás de la que disponen y que fue lo que disuadió al Gobierno de intentar expropiarles la construcción. Ahora, y una vez completada la exhumación, recuperar el Pazo será una de las prioridades en memoria histórica de Moncloa.
La otra cuestión que aspira a vertebrar parte de la política de reparación de las víctimas del franquismo son las fosas comunes. En la declaración institucional posterior al traslado de los restos del dictador a Mingorrubio, Sánchez lanzó varios guiños a los "presos políticos" y "represaliados" que permanecen en el Valle de los Caídos y otros lugares desconocidos sin que su identidad haya sido confirmada.
En los últimos años, la búsqueda y posterior exhumación de huesos de fosas del franquismo ha sido llevada a cabo por colectivos y asociaciones de memoria, que han lamentado que el Ejecutivo les diera de lado. Ahora, el presidente ha abierto la puerta a "reparar esa infamia", según sus propias palabras. Una apuesta que requeriría de una inversión notable en unos futuros Presupuestos del Estado, y que estaría amparada por la Ley de Memoria Histórica que impulsó José Luis Rodríguez Zapatero.
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