Declaró en secreto en la Audiencia Nacional

Un exjefe de Seguridad de Iberdrola explicó al juez los pagos a Villarejo

Marcos Peña acompañó a José Antonio del Olmo a un notario de su confianza para que validara su informe sobre supuestos pagos irregulares al Grupo Cenyt. 

Iberdrola
Iberdrola niega la veracidad del documento que firmó ante notario Del Olmo en 2004. 
Europa Press

Las incógnitas que rodearon la aparición del famoso informe sobre presuntas facturas falsas de Iberdrola llevaron a los investigadores del caso Villarejo a poner el foco en su autor y en el momento en que se redactó. De este modo, llamaron como testigo a la Audiencia Nacional a José Antonio del Olmo, el cual corroboró lo contenido en su documento y desveló, además, un nombre que no había aparecido hasta entonces en la causa: Marcos Peña. Según dijo Del Olmo, Peña -director de seguridad de Iberdrola bajo la presidencia de Íñigo Oriol- fue el que le acompañó a una notaría en Madrid para otorgarle máxima validez al papel. 

Como consecuencia de esta mención, el magistrado Manuel García Castellón acordó, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, citar en calidad de testigo a Peña (exinspector de Policía) para que explicara los pormenores de este documento que la eléctrica niega y por el que se ha querellado contra su antiguo trabajador. Aunque la testifical se produjo el 21 de enero, los hechos se conocen ahora toda vez que entonces esta pieza decimoséptima del caso Tándem estaba bajo secreto de sumario. Según expuso Del Olmo en su primera testifical de diciembre, el motivo de la redacción del informe se produjo porque se sintió presionado a aceptar la emisión de facturas que él consideró "anómalas" y, por ello, lo plasmó por escrito. 

Se trata de ocho albaranes que Iberdrola giró a su entonces empresa de seguridad (Casesa) y que, según él denunció, en realidad camuflaban los pagos al entramado de Villarejo con motivo del primer encargo de espionaje que le hizo la eléctrica. Según dijo, puso los hechos en conocimiento del entonces número dos, José Luis San Pedro, pero éste le dijo que "se olvidase del asunto porque había que validar estas facturas", de acuerdo con el sumario del caso al que ha tenido acceso La Información. Sin embargo, la eléctrica niega la validez del documento mientras que el sucesor de Marcos Peña, Antonio Asenjo, fue más allá y declaró en sede judicial que existía una enemistad manifiesta con Del Olmo que se remontaba al momento en que él aterrizó en la eléctrica en septiembre de 2001. 

La salida de Marcos Peña

Su llegada se produjo unos cuatro meses después de que Ignacio Sánchez Galán fuera nombrado consejero delegado de Iberdrola, bajo la presidencia de Íñigo de Oriol. Así pues, durante unos meses, Asenjo y Peña trabajaron bajo una dirección bicéfala de seguridad. Se trató de un periodo en el que se produjeron muchas fricciones debido principalmente a la pérdida progresiva de competencias de Peña, el cual fue contratado posteriormente por Francisco Granados en calidad de jefe de seguridad de la Comunidad de Madrid. Lo ocurrido entre 2001 y 2004 desencadenó en una enemistad entre Asenjo y Del Olmo (por la cercanía de este último al policía) la cual se evidenció en el marco de las testificales que ha prestado en la Audiencia Nacional el autor del famoso informe. 

En dichas citas, que se produjeron entre finales de 2019 y principios de año, Del Olmo explicó que en diciembre de 2014 se apoyó en Marcos Peña y en Ángel Zarabozo, un colaborador suyo, para llevar el documento ante notario. Tal y como adelantó este diario, ese notario fue Luis Ramallo, exdiputado del PP y amigo íntimo de Peña. Así pues, incluyeron en un sobre cerrado el citado documento junto con las facturas emitidas por Casesa y por Cenyt. No obstante, cuando fue preguntado por estos documentos en su primera comparecencia ante los investigadores de Tándem, Del Olmo expuso que en realidad no pudo contrastar que los albaranes de Casesa fueran correctos "debido a las características especiales de los servicios facturados y su carácter confidencial".  

 

El juez pidió el acta notarial

Sea como fuere, estas revelaciones provocaron la citación judicial de Peña y de Zarabozo y no solo eso sino que se requirió a Ramallo para que aportara una copia del acta de depósito de este material del que Iberdrola reniega. De este modo, el instructor ordenó, acorde a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley del Notariado, que se abriera el sobre sellado hace ahora 16 años en presencia de Del Olmo y Peña, antes incluso de que éste declarara en sede judicial. Tras esa diligencia, los investigadores del caso Tándem tomaron declaración secreta al policía y a su colaborador a finales de enero.

El documento, que recoge además que este presunto sistema de facturas falsas contaba con el beneplácito de Sánchez Galán, ha provocado un terremoto dentro de la eléctrica, desde donde niegan haberlo visto nunca. De hecho, su aparición llevó a la multinacional vasca y al entonces superior de Del Olmo, Pablo Insunza, a querellarse contra él ante la Fiscalía del País Vasco y ante Anticorrupción por presuntas injurias. La defensa legal de la eléctrica ha presentado el cómputo de facturas que giró a Cenyt negando que utilizara a su proveedora para camuflar pagos al entramado de Villarejo. Mismo extremo defendieron los dueños de la extinta Castellana de Seguridad en su comparecencia en la Audiencia Nacional en marzo

Precisamente, esta citación se produjo a petición expresa de la Fiscalía Anticorrupción tras hallar pagos de Casesa a Cenyt en 2004 por importe total de 337.560 euros y que constan en las bases de datos de Hacienda. Según los investigadores, estos datos confirmarían "una parte del contenido de informe" de Del Olmo, motivo por el cual requirieron a la proveedora de Iberdrola para que aportara en un plazo máximo de 72 horas todos los documentos que tuviera en su posesión sobre los trabajos a Iberdrola así como más facturas que hubiera podido girar al Grupo Cenyt. Los dueños de la empresa extinta insistieron en la Audiencia Nacional que nunca tuvieron trato con Villarejo y que esas ocho facturas giradas en 2004 por importe total de 420.740 euros se correspondieron con trabajos reales, en su mayoría con asuntos de seguridad. 

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