El ex jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, ha declarado este lunes en el juicio al comisario jubilado José Manuel Villarejo que se vio con él en los bajos de su "oficina", en la Torre Picasso de Madrid, donde estaba Cenyt, el grupo empresarial con el que habría hecho las investigaciones privadas por las que se le juzga, si bien ha subrayado que desconoce si lo usaba como cobertura en operaciones policiales. Sánchez Corbí ha comparecido como testigo en el juicio que se celebra desde octubre en la Audiencia Nacional por los presuntos trabajos de espionaje que Villarejo habría hecho con Cenyt para un despacho de abogados, empresarios y particulares mediante los proyectos 'Iron', 'Land' y 'Pintor', valiéndose de los medios policiales a su alcance.
El coronel ha explicado que conocía a Villarejo porque "en algún momento el nombre sonaba", en el contexto de la lucha antiterrorista contra ETA, si bien "como un comisario más", y por "un contacto personal" que tuvo con él. Sobre este "contacto personal" ha contado que el comisario, "a través de una persona interpuesta", le habría facilitado una gestión para que un familiar gravemente enfermo de Sánchez Corbí pudiera acceder a un medicamento experimental. No funcionó, pero de todas formas quiso agradecer dicha gestión a Villarejo. "Le vi dos veces en los bajos de su oficina y la conversación fue intrascendente, por mi parte y por la suya", ha indicado. En este punto, el abogado de Villarejo, Antonio José García Cabrera, ha querido saber si, al verse en el entorno de Torre Picasso, Sánchez Corbí tuvo conocimiento de la existencia de Cenyt y del uso que el comisario hacía de este entramado societario, algo clave para su defensa, ya que argumenta que lo utilizaba como tapadera en sus trabajos como agente de Inteligencia.
El testigo ha aclarado que "son las únicas dos veces" que ha coincidido con Villarejo durante su vida profesional para recalcar que no sabía que el comisario tenía esa estructura abierta al público hasta que él mismo le dijo que "tenía su oficina arriba". "Yo en aquel momento nunca sabía su actividad profesional", ha fijado. Así, cree que por aquel entonces Villarejo seguía activo como funcionario policial, pero no lo sabe a ciencia cierta. La defensa de Villarejo ha incidido para preguntar si era habitual que un policía tuviera una empresa visible para realizar actividades de cobertura, a lo que Sánchez Corbí ha respondido que "no es lo más normal, pero en cierta manera se conocía que algún tipo de actividad realizaba dentro de la parte de Inteligencia", y que en ese mundo es frecuente que se tengan "varias caras". No obstante, ha afirmado que desconoce si Villarejo empleaba CENYT como tapadera. El fiscal anticorrupción Miguel Serrano ya concedió en las primeras sesiones del juicio que, aunque efectivamente Villarejo fuera un agente encubierto, lo "intolerable" es que se llenara los bolsillos con ello.
Por otro lado, el ex jefe de la UCO se ha referido a la génesis del 'caso Villarejo', concretamente a la información que aportó el empresario Francisco Menéndez, procesado por otra pieza, y que acabó plasmada en una denuncia anónima que propició el inicio de una investigación en la Fiscalía Anticorrupción sobre el comisario y sus empresas. Sánchez Corbí ha venido a corroborar la versión ofrecida en la sesión anterior por David Rodríguez Vidal, el cual se definió como un antiguo colaborador de la Policía Nacional y del CNI que, a través de un socio, conoció a Menéndez, supo su problemática y la transmitió a sus contactos en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
El coronel ha relatado que, a principios de 2017, Vidal acudió a un oficial de la UCO, al que conocía por unos cursos en los que habían coincidido, como "intermediario" de un empresario, Menéndez, que se ofrecía a dar información sobre presuntas actividades delictivas de varios comisarios a cambio de llegar a "algún tipo de acuerdo" para resolver sus problemas con Hacienda, ya que entonces estaba acusado de delitos fiscales. A partir de ahí, ese oficial se lo comentó a Sánchez Corbí. Hicieron un "análisis somero" para verificar que la información aportada por Menéndez tenía visos de credibilidad y, al ser así, acudió directamente al jefe de Anticorrupción por aquella época, Manuel Moix. "Le pareció que podía dar inicio a algo y me propuso que se hiciera una investigación conjunta entre la UCO y la Policía Nacional", ha recordado.
"El siguiente paso", ha continuado, fue poner en contacto al capitán del grupo contra el blanqueo de capitales de la UCO con Vidal para ir junto a Menéndez con toda la documentación que decía tener -"hasta ese momento no hay ningún papel de por medio"- a una segunda reunión en Anticorrupción, con Moix y el fiscal Ignacio Stampa, a la que el empresario finalmente no acudió, por lo que "se produce pero prácticamente sin contenido". Sánchez Corbí tampoco estuvo, ha precisado. García Cabrera ha cuestionado que se actuara de esa forma, sin que mediara denuncia formal por parte de Menéndez, a lo que Sánchez Corbí ha reaccionado reivindicando el comportamiento de la UCO. "El paso que dimos es el reglamentario y el oficial, que es coger al intermediario y al empresario e ir a la Fiscalía Anticorrupción", ha sostenido.
Así, ha desarrollado que, aunque Menéndez podría haber optado por formular denuncia, no lo hizo, lo que obligó a seguir otro camino que pasaba por "llamar a la puerta de la Fiscalía Anticorrupción" porque Moix le había manifestado que cualquier información debía tratarla directamente con él. A ello ha anudado que el empresario buscaba borrar sus deudas con Hacienda y la UCO no tenía poder para hacerlo, debía pasar por un fiscal o un juez. A partir de ahí, ha asegurado que la UCO se limitó a atender requerimientos puntuales de Anticorrupción, como localizar a Menéndez e identificar a la persona que constaba como remitente en el sobre enviado a la Fiscalía con la denuncia anónima y la documentación del empresario, remitente que Vidal ha reconocido ser ante la reticencia del otro a dar este paso.
Además, este lunes ha testificado Julián Peribáñez, un ex detective de Método 3, por el informe que esta agencia de investigación elaboró sobre el patrimonio del fallecido empresario Luis García Cereceda por encargo de su viuda, Silvia Gómez Cuétara, en el marco del conflicto por la herencia familiar con una de las hijas del difunto, Susana García Cereceda. Esta última, una de las juzgadas por 'Land', declaró que Villarejo el enseñó este informe y que le llamó la atención porque había datos personales de su padre. Gómez Cuétara dijo que había proporcionado a Método 3 la información que tenía sobre su marido para confeccionarlo, algo que hizo el director de la agencia de detectives, Francisco Marco, incluyendo también lo averiguado por su cuenta con pesquisas que calificó de legales.
Peribáñez ha añadido hoy que, aunque no tuvo relación alguna con ese informe, sí vio un documento con un listado de clientes y proveedores de PROCISA, la empresa de los García Cereceda, le sorprendió porque era la primera vez que veía un papel así en Método 3 y preguntó, obteniendo como respuesta que "se estaba haciendo un informe patrimonial del señor García Cereceda porque lo había solicitado su viuda y que la información la había proporcionado ella". Sobre cómo acabó ese informe en manos de Villarejo, ha aseverado que lo desconoce, si bien se ha mostrado "convencido" de que podría estar entre la documentación encontrada en el registro efectuado en la agencia de detectives en 2013, porque entre lo incautado había "informes muchos más anteriores", algo que, sin embargo, Marco negó.
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