La hasta ahora ministra de Justicia Dolores Delgado será propuesta por el presidente del Gobierno como nueva fiscal general del Estado en aras a sustituir a María José Segarra, según ha adelantado La Ser y confirman fuentes del Gobierno a este diario. La que fuera portavoz de la Fiscalía de la Audiencia Nacional abandona el Ministerio de Justicia en el que aterrizó hace 18 meses, para asumir el control de la Fiscalía General del Estado en un momento especial delicado debido a la deriva independentista catalana.
El líder del Ejecutivo propondrá de este modo a Delgado en el Consejo de Ministros de este mismo martes aunque su nombramiento corre a cargo del Rey, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto del Ministerio Fiscal. Antes debe comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso para defender su candidatura y explicar su plan de trabajo al frente del Ministerio Público, tal y como han hecho sus antecesores en el cargo. De este modo Delgado, que ha ejercido gran parte de su carrera profesional en la Audiencia Nacional, se enfrenta al reto de liderar la postura de la Fiscalía en las causas que siguen tanto este órgano como el Tribunal Supremo por el procés.
De este modo, sigue su trámite, por un lado, la causa contra Carles Puigdemont y los otros exconsellers catalanes procesados por la deriva catalana y que se encuentran fugados de la Justicia. Cabe recordar que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha mantenido en todo momento que los hechos por los que se condenó a los doce líderes independentistas eran constitutivos de delito de rebelión mientras que la Abogacía General del Estado suavizó el tono apuntando a un delito de sedición. Con todo, las vistas estarán puestas también en el juicio que acoge a partir del 20 de enero la Audiencia Nacional contra Josep Lluis Trapero por la actuación de policía autonómica durante el 1-O. La Fiscalía pide para él 11 años de prisión aunque se le podría suavizar la petición a tenor del fallo del alto tribunal.
La sombra de Villarejo
Delgado cierra de esta forma una etapa al frente de Justicia que ha estado marcada, casi desde el comienzo, por su presunta relación con el comisario jubilado José Manuel Villarejo. La publicación de unos audios relativos a una comida que tuvo lugar en octubre de 2009 en la que participó el agente encubierto provocó una importante crisis dentro de su gabinete el cual en todo momento negó que la fiscal experta en terrorismo yihadista tuviera relación alguna con el policía. De hecho, la propia Delgado se declaró víctima de una conspiración y aunque el contenido de las grabaciones no han tenido recorrido judicial, sí empañó su carrera política en el Gobierno de Sánchez.
En sus haberes, sin embargo, se encuentra la salida de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. La exhumación del dictador fue, desde el inicio de la legislatura, uno de los principales objetivos de Pedro Sánchez y de Delgado, siempre comprometida con la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. De hecho, en sus apariciones públicas, Delgado ha sacado pecho de esta medida asegurando que el proceso de exhumación de Franco (que presenció en primera persona en calidad de notaria mayor del reino) era una de las mayores victorias de la democracia.
Las reformas pendientes
En el cajón se quedaron, no obstante, la recuperación de la Justicia Universal, cambio de tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal, reivindicación esta última que ha cobrado especial trascendencia tras casos tan mediáticos como el de La Manada. Sin embargo, la eterna 'patata caliente' en el Ministerio de Justicia y que tampoco se ha abordado bajo su mandato es la de la renovación del CGPJ para que sean los propios miembros de la carrera judicial los que elijan a los vocales del órgano de gobierno de jueces. Esta cuestión, que afrontará el futuro ministro del ramo, Juan Carlos Campo, cobra ahora especial relevancia teniendo en cuenta que está pendiente de renovación tras expirar el mandato de Carlos Lesmes hace ahora poco más de un año.
Queda por ver cuáles son las medidas que Delgado presenta en la cámara baja para lograr el respaldo de su candidatura. Entre los objetivos que siguen en el aire y que probablemente aborde en el Congreso de los Diputados (donde será interpelada por los portavoces de Justicia de todos los grupos parlamentarios) destaca lograr una mayor igualdad entre hombres y mujeres dentro de la carrera fiscal, impulsar políticas de nombramientos basadas en el mérito o la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, relativa a los plazos de instrucción de las causas.
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