El exministro de Gobernación de Guatemala Carlos Roberto Vielmann ha negado ante la Audiencia Nacional su participación en la elaboración de dos planes para la captura de los presos fugados de dos centros penitenciarios del país centroamericano en el que murieron ocho fugitivos entre noviembre de 2005 y septiembre 2006. "Tengo una hoja de vida que me ha costado hacer, mi nombre no lo iba a manchar", ha subrayado.
La Sección Sección Segunda de la Audiencia Nacional ha comenzado a juzgar este martes a Vielmann --cuya vista está prevista hasta el próximo 22 de febrero--, acusado de elaborar, junto a otras seis personas, los planes 'Gavilán' y 'Pavo Real' para la captura y la ejecución de ocho presos que se amotinaron o intentaron la fuga en las cárceles conocidas como 'El Infiernito' o Pavón.
El exministro, con nacionalidad española y que se enfrenta a 160 años de prisión, ha explicado ante el tribunal presidido por la magistrada Concepción Espejel que antes de responsabilizarse del Ministerio de Gobernación dirigió un comisionado para la transparencia y contra la corrupción.
Ha indicado que este cargo anterior a ser parte del Gobierno guatemalteco era "todo un esfuerzo institucional" para la protección de las leyes y los derechos humanos, ya que se colaboraba con instituciones internacionales y la ONU para luchar contra un "proceso de corrupción muy alto" y el crimen organizado.
Tras explicar las funciones de los subordinados que participaron en la elaboración y ejecución de los dos planes de recaptura de los fugados --uno de ellos condenado a cadena perpetua por el Tribunal Penal de Ginebra (Suiza), otro penado a 33 años de prisión y otro absuelto por los mismos hechos--, ha negado rotundamente haber participado en ninguno de ellos. "Tengo una hoja de vida que me ha costado hacer. Tengo una familia integrada, mi nombre no lo iba a manchar. No iba a permitir participar por matar a siete reclusos", ha destacado.
"UNO O DOS POLICÍAS" PARA INVESTIGAR A CADA FUGADO
Con respecto al denominado 'plan Gavilán', con el que, según el escrito de la Fiscalía, se planificó la "búsqueda y recaptura" de 19 reclusos fugados en octubre de 2005 de la cárcel de Máxima Seguridad, conocida como 'El Infiernito', para ponerlos a disposición del equipo policial y "matarlos", el exministro ha asegurado que nunca se reunió con nadie ni tomó decisiones sobre esta operación.
Sí que ha apostillado que el plan consistía en poner a "uno o dos policías" para investigar el paradero de cada uno de los fugados y ha matizado que el objetivo era "recapturarlos y ponerlos a disposición de los tribunales".
Vielmann también ha enfatizado que no le "correspondía" participar en ninguna reunión relacionada con dicho plan porque "era ministro" y ha destacado que sobre ese asunto estaba informado por el entonces viceministro de seguridad o de la Oficina de Información de la Policía Nacional Civil.
"Sería al último que hubiesen llamado porque les hubiese denunciado directamente", ha afirmado a preguntas del fiscal sobre la posibilidad de haber tenido comunicación al respecto con los subordinados. "Soy un hombre respetuoso con la ley", ha añadido.
Según ha afirmado, en lo único que participó el Ministerio de Gobernación fue en la "autorización por escrito para el pago de las recompensas" que se ofrecía a los informantes, y no a los policías, y se pagaba desde una "caja" del departamento "ante un abogado del Estado".
EL MINISTERIO PÚBLICO ES QUIÉN INVESTIGA EL FALLECIMIENTO DE UN PRESO
En esta operación, el 3 de noviembre detuvieron en una vivienda, a la cuál se accedió sin orden judicial --recuerda el escrito de la Fiscalía--, al prófugo Edwin Santacruz Rodríguez, el cuál apareció muerto. Vielmann ha precisado que el encargado de impulsar una investigación sobre si un preso fallece es el Ministerio Público.
En la misma línea, ha defendido su inocencia y su escasa participación en relación a la operación 'Pavo Real', diseñada para en junio de 2006 y que se puso en marcha el 25 de septiembre del mismo año, para retomar el control de la cárcel Granja Modelo de Rehabilitación 'Pavón', ubicada en Fraijanes.
Según el escrito de acusación del fiscal, en esta ocasión el denominado 'plan Pavo Real' tenía un objetivo "paralelo y oculto: causar la muerte a los reos que lideraban la población privada de libertad", en relación al autodenominado Comité de Orden y Disciplina.
Sobre este plan, por el que murieron siete personas, Vielmann ha insistido en que tampoco se reunió "con nadie", pues, según ha dicho, se trataba de la confección de una "ley de fuerzas combinadas" en el que los ministros de Gobernación y de Defensa ordenaron al jefe de la Policía y del Estado Mayor del Ejército la puesta en marcha de la identificación y traslado de los presos influyentes de esta cárcel y vinculados con el Comité anteriormente citado. "Ahí los ministros quedamos fuera del mando por ley", ha indicado.
Sin embargo, el exministro --que ha utilizado en varias ocasiones una maqueta del penal para explicar los hechos acontecidos-- ha remachado que no hacía falta la identificación de estos presos, ya que eran conocidos por la opinión pública porque hacían "declaraciones a los medios de comunicación". Asimismo, ha constatado que tuvo conocimiento de los detalles y del número de fallecidos en el motín ocurrido en esta prisión posterior a su visita.
ALTERACIÓN DE LA ESCENA DEL CRIMEN
También ha aseverado que el Ministerio de Gobernación no publicó ningún vídeo dando la versión oficial sobre lo ocurrido, tal y como indica la Fiscalía en su escrito de acusación, sino que de ello se encargó la Secretaría de la Comunicación Social de la Presidencia. El Ministerio Público asegura que las escenas de los crímenes se alteraron con el fin de "ocultar los hechos acaecidos".
La Fiscalía pide para Vielmann 20 años por cada uno de los asesinatos, además de la inhabilitación absoluta con el límite de cumplimiento de 40 años. Asimismo, el exministro deberá indemnizar en 300.000 euros a los familiares de cada uno de los fallecidos.
El exministro guatemalteco fue detenido el 13 de octubre de 2010 en Madrid aunque quedó libre el 23 de noviembre después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala no ejecutara la petición de extradición que había formulado. Sobre esto, Vielmann ha destacado que vino a España a la graduación de su hijo y no "buscando refugio", ni "rehuyendo" de la Justicia, coincidiendo con la publicación de su acusación.
En este sentido, ha indicado que decidió permanecer en España porque en Guatemala "temía" por su vida debido a que había "tomado decisiones" contra la corrupción y el crimen organizado y por tanto podía existir una "persecución política".
La vista oral tiene lugar casi tres años después de que la Sección Cuarta confirmase el procesamiento del exministro. En noviembre de 2013, el entonces juez instructor de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez decidió sentar en el banquillo a Vielmann al considerarlo autor de la creación de una "estructura criminal parapolicial" y "un cuerpo clandestino del seguridad dentro del propio Ministerio de Gobernación" para "ejecutar extrajudicialmente" a los reclusos.
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