Niega irregularidades en los contratos a Cenyt

El 'exnúmero dos' de Iberdrola cierra filas ante el juez y se desliga de Villarejo

José Luis San Pedro apunta en la línea de los otros altos cargos de la compañía: defiende el sistema de pagos y desacredita al directivo díscolo.

Un exjefe de Seguridad de Iberdrola explicó al juez los pagos a Villarejo
La compañía niega la existencia del documento del directivo díscolo sobre facturas falsas. 
La Información

Turno en la Audiencia Nacional para el exnúmero dos de Iberdrola, José Luis San Pedro. El que fuera director de Administración y Control, Fiscal y Regulación de la eléctrica ha comparecido ante los investigadores del caso Villarejo por los encargos que efectuó la compañía con el comisario jubilado entre los años 2004 y 2017. Según informan a este diario fuentes presentes en el interrogatorio, San Pedro, que actualmente está jubilado, ha apuntado en la misma línea con sus antecesores descartando tener cualquier tipo de conocimiento acerca del contenido de los encargos y negando irregularidades en los pagos de las contrataciones con Cenyt.

De este modo, el exdirectivo se ha pronunciado como ya lo hiciera en su entrevista para el 'forensic' encargado por la compañía para PwC. San Pedro explicó el pasado mes de diciembre en el marco de esta investigación interna que conocía de la existencia de Casesa como empresa proveedora de los servicios de seguridad de Iberdrola aunque dijo que desconocía los detalles concretos de los contratos. De acuerdo con el contenido del 'forensic', al que ha tenido acceso este diario, San Pedro expuso también que las facturas se aprobaron siguiendo los procedimientos internos y que tanto Pablo Insunza como José Antonio del Olmo estaban habilitados y autorizados para dar el visto bueno a las mismas. 

Precisamente Insunza es otro de los directivos de la compañía imputado en la causa junto con Juan Carlos Rebollo. Los dos comparecieron la semana pasada ante el magistrado Manuel García Castellón tras su imputación en esta pieza decimoséptima del caso Tándem. Los investigadores también les preguntaron por el famoso informe que Del Olmo redactó en 2004 en relación a irregularidades en los pagos a Cenyt. Dicho documento, cuya existencia niega la compañía, vendría a recoger una serie de facturas que Iberdrola pagó al entramado del comisario jubilado utilizando para ello su proveedora de servicios seguridad, Casesa. 

Sospechas del papel ante notario

En su cita en sede judicial, tanto Rebollo como Insulza negaron irregularidades en este asunto y explicaron al detalle en qué consistió su cometido dentro de la empresa. Rebollo, por su parte, dijo que su cometido se centraba, en calidad de 'controller', en examinar que las facturas giradas cumplieran una serie de requisitos formales tales como la existencia del proveedor -en este caso Cenyt- o que la persona que firmaba los albaranes gozara de autorización para ello. Al respecto, detalló que todo se hizo acorde a la normativa, tal y como ha apuntado en esta sesión San Pedro, el cual era superior jerárquico de Insuza y Rebollo en el momento de los hechos. Lo fue hasta su jubilación en 2014, diez años después de que la compañía contratara a Cenyt por primera vez.

San Pedro ya expuso en su entrevista para el forensic el pasado mes de diciembre que desconocía de la existencia de este informe sobre facturas falsas y que no solo no lo reconocía sino que tuvo conocimiento del mismo cuando lo vio publicado en prensa. También dijo que el lenguaje empleado le resultaba extraño al no ser en absoluto habitual en el ámbito de su departamento y sus responsabilidades. Del Olmo, por su parte, ha alegado en sus declaraciones en la Audiencia Nacional que plasmó estas presuntas irregularidades por escrito y las llevó al notario ante el temor a sufrir represalias por la denuncia de las facturas "anómalas". Sobre este asunto y según las fuentes consultadas, San Pedro ha dicho al juez que sospecha que Del Olmo llevó su papel al notario para protegerse él mismo puesto que había controlado las facturas que luego acabó denunciando. 

Los pagos de Casesa

La publicación en El Confidencial de este papel, que se llevó ante el notario Luis Ramallo, provocó que los ahora investigados se pusieran en contacto con Del Olmo para preguntarle por el asunto. Según expuso Rebollo ante el magistrado la pasada semana, el exjefe de Riesgos no reconoció en un primer momento el documento, lo que les llevó a redactar un acta en la que se negaba la veracidad del papel. La misma fue firmada por Rebollo, Insunza y San Pedro, pero no por Del Olmo, el cual les dijo que su abogado le recomendó no firmar dicho documento. El acta en cuestión se redactó el 2 de diciembre del pasado año y se emitió a instancias de la Dirección de Administración y Control. Sobre este asunto, San Pedro ha apuntado como sus antecesores negando cualquier tipo de presión a Del Olmo para que firmara el acta de la compañía.

El contenido recogía que no se localizó el papel que implicaba a Ignacio Sánchez Galán en estos presuntos pagos irregulares, que tampoco se reconocía ni la emisión ni recepción del documento por parte del director jerárquico de Del Olmo y que la fecha de emisión del documento era muy posterior a los pagos denunciados. Igualmente la extinta Casesa negó también haber participado en este presunto circuito con el cual habría girado ella misma las facturas para evitar la implicación de Iberdrola. Los propios exdirectivos de esta empresa (Javier Saldaña y Antonio Holguín) explicaron al juez el pasado mes de marzo que los contratos firmados correspondían a actividades de seguridad llevadas a cabo aquel 2004. 

No obstante, la Fiscalía Anticorrupción pidió estos contratos a Casesa al descubrir un informe de Hacienda que vendría a acreditar que hubo una relación contractual entre Cenyt y Casesa. según las bases de datos de la AEAT, en el ejercicio de 2004 Casesa declaró haber soportado facturación de CENYT por un importe total de 337.560 euros. Las facturas aportadas a la causa se emitieron entre el 1 de mayo y el 8 de septiembre de 2004 y recogen importes que oscilan entre los 23.780 euros y los 81.200. La suma total de todos los albaranes es de 402.740 euros. 

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