Buenos Aires, 29 nov.- El experto independiente de las Naciones Unidas sobre deuda externa y derechos humanos, el abogado zambio Cephas Lumina, instó hoy a Argentina "a realizar una auditoría sobre su deuda externa de conformidad con los principios rectores" del organismo internacional.
Lumina concluyó hoy una visita de dos semanas al país suramericano, invitado por el Gobierno argentino, para evaluar el impacto de la carga de la deuda externa del país en la capacidad del Gobierno para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales.
En el segundo trimestre de 2013, las deudas del Gobierno argentino con inversores del exterior ascendía a 66.635 millones de dólares, algo más del doble de las reservas de moneda estadounidense que mantiene el Banco Central en sus arcas, de acuerdo con los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En rueda de prensa, el abogado advirtió que "la reclusión de Argentina de los mercados financieros internacionales forzaron al país a depender de sus reservas en moneda extranjera a fin de afrontar el pago de la deuda".
"Estas reservas han caído abruptamente y, de continuar esta tendencia, el Gobierno podría enfrentar dificultades para pagar sus deudas", añadió.
Para Lumina, una auditoría "ayudará a promover la rendición de cuentas en la gestión de la deuda pública y podrá resultar de utilidad para futuras decisiones sobre toma de prestamos por parte del Estado".
El análisis de las obligaciones económicas también permitiría al Estado argentino reorganizar "su estrategia de deuda" y poder destinar más dinero a "gastos en planes de desarrollo y efectividad de los derechos humanos".
Tras reunirse con funcionarios del Gobierno, representantes del Banco Central, la Corte Suprema de Justicia, Tribunales Federales y académicos destacados, remarcó que parte de la deuda fue adquirida en situaciones "cuestionables" y que hay pedidos de pagos que "rayan lo inmoral".
Según el experto, en dichas reuniones le transmitieron la preocupación particularmente por la deuda contraída durante la última dictadura militar (1976-1983) que, consideró, debe ser "analizada en forma exhaustiva".
Durante los siete años de Gobierno de las Juntas militares, los pagarés de Argentina se multiplicaron desde los 7.000 millones de dólares a más de 42.000 millones, lo que llevó a distintos grupos políticos y sociales a rechazar el pago de dichos compromisos una vez recuperada la democracia, calificándolos de "deuda odiosa".
Lumina subrayó que el Gobierno argentino debe "por lo menos asegurar la satisfacción de niveles esenciales mínimos de cada derecho económico, social y cultural antes de utilizar recursos públicos para lograr otros objetivos, como el servicio de la deuda".
Respecto a los llamados "fondos buitres", el experto instó a "dar prioridad a la adopción de legislación que limite la capacidad de los inversores inescrupulosos, en sus intentos por obtener ganancias inmorales a expensas de los más pobres y vulnerables, mediante litigios prolongados".
Con el apelativo de "fondos buitres" se conoce a los inversores que compraron bonos argentinos durante la suspensión de pagos argentina de 2001, rechazaron la reducción de valor de la deuda estatal al que se sumó cerca del 97 % de los compradores y reclaman en la actualidad el pago completo del valor de sus bonos.
El pasado mes de octubre, varios de estos fondos reclamaron ante el Tribunal de Apelaciones de Nueva York el pago de 1.300 millones de dólares por parte del Gobierno argentino.
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