Experto dice matanza de 250 campesinos en 1982 por Ejército fue "planificada"

  • La matanza de 250 campesinos perpetrada en 1982 fue una acción "planificada" por el Ejército guatemalteco, aseguró hoy un experto peruano en asuntos castrenses, durante el juicio que se celebra en Guatemala contra cuatro exmilitares acusados de ser los responsables de esa masacre.

Guatemala, 27 jul.- La matanza de 250 campesinos perpetrada en 1982 fue una acción "planificada" por el Ejército guatemalteco, aseguró hoy un experto peruano en asuntos castrenses, durante el juicio que se celebra en Guatemala contra cuatro exmilitares acusados de ser los responsables de esa masacre.

Rodolfo Robles, un general retirado de las fuerzas armadas de Perú, radicado en Guatemala desde hace once años, presentó ante el Tribunal de Alto Riesgo que conoce el caso el peritaje técnico-militar que hizo al expediente del proceso judicial, en base a los testimonios de testigos y a estudios de la doctrina nacional de seguridad.

Según su análisis, la patrulla de kaibiles o agentes de fuerzas especiales del Ejército que cometió la masacre, el 7 de diciembre de 1982 en la comunidad norteña de Las Dos Erres, "actuó en forma planificada", en el marco de un planeamiento político y de estrategia militar".

Los kaibiles son un grupo elite del Ejército guatemalteco, entrenados para combatir en condiciones adversas y que cobraron fama a nivel mundial durante la guerra interna que vivió Guatemala entre 1960 y 1996, por los sanguinarios ataques en contra de la población civil.

"La operación fue ordenada por el Estado Mayor General del Ejército y la misión era recuperar 16 fusiles que habían sido robados por la guerrilla en el mes de octubre (de 1981) durante un enfrentamiento armado", afirmó Robles.

El experto explicó que para ejecutar el operativo, fueron integrados cuatro grupos de militares: el de mando, el de apoyo, el de seguridad y el de asalto.

La patrulla de kaibiles, de acuerdo con el peritaje, fue llevada vía aérea desde el departamento sureño de Retalhuleu hasta Santa Elena, en el departamento norteño de Petén, y de allí trasladada por tierra hasta Las Dos Erres, en el municipio de La Libertad.

Los cerca de 60 militares que participaron en la operación, según Robles, llegaron a la comunidad la noche del 6 de diciembre de 1982 y "se vistieron de guerrilleros para confundir a la población" antes de la masacre.

Detalló que a las 03.00 hora local del 7 de diciembre, la patrulla ingresó al poblado y comenzó a separar a la gente por sexo y edad, y una hora después comenzaron a violar a las mujeres.

La matanza, afirmó, se perpetró entre las 14.00 y 17.00 hora local de ese mismo día, y luego se llevaron a tres mujeres que asesinaron en una montaña un día después.

El militar peruano sostuvo que en el operativo que terminó con la matanza, participó el destacamento militar de Las Cruces, que en ese entonces era comandado por el teniente de infantería Carlos Antonio Carías, uno de los cuatro procesados por la masacre.

Ese destacamento, anotó Robles, fue el responsable de colocar retenes con soldados y patrulleros civiles desde el 5 de diciembre de 1982 para impedir que saliera e ingresara gente de la comunidad, mientras la patrulla kaibil perpetraba la masacre.

Robles manifestó que la matanza de Las Dos Erres "no fue un hecho aislado si no que formó parte de un planeamiento político y de estrategia militar".

"Los kaibiles actuaron en forma planificada (y) todos los miembros de la patrulla participaron en los delitos porque ninguno protestó ni se opuso (a la matanza)", puntualizó.

De acuerdo al análisis, "hay responsabilidad del alto mando del Ejército" en los hechos que juzga el alto tribunal que preside la jueza Jazmín Barrios, añadió el experto peruano.

En el inicio del juicio, el pasado lunes, Carías se declaró inocente de los cargos de asesinato, incumplimiento de deberes contra la humanidad y hurto agravado por el que es jugado y afirmó que de la matanza se enteró hasta un día después.

Junto a Carías son juzgados por los mismo delitos los exmilitares Daniel Martínez, Reyes Collin y Manuel Pop.

El juicio, el primero que se realiza en Guatemala en contra de exmilitares por matanzas colectivas, se prolongará por varias semanas, según las previsiones del tribunal.

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