El expresidente de Guatemala Óscar Berger ha destacado este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el asesinato de 10 presos entre noviembre de 2005 y septiembre de 2006 en dos centros penitenciarios del país centroamericano presuntamente por la orden de dos planes desarrollados por el exministro de Gobernación Carlos Roberto Vielmann, que una de estas operaciones fue muy "aplaudida" en el país tanto por la prensa como por los ciudadanos.
Así lo ha dicho en su declaración como testigo en el juicio que comenzó el pasado de 10 de enero, en la que ha asegurado que mantiene una amistad desde el colegio con Vielmann, para el que la Fiscalía solicita 160 años de prisión.
Se trata del plan 'Pavo Real', que se diseñó en junio de 2006 --se puso en marcha el 25 de septiembre de ese año-- para retomar el control de la cárcel Granja Modelo de Rehabilitación 'Pavón', ubicada en Fraijanes y que, según indica el escrito de acusación de la Fiscalía, fue presentado al expresidente para que diese su "autorización a la realización del asalto con el objetivo oficial de recuperar la gestión del centro".
Aunque Berger ha lamentado la muerte de los siete presos, ha destacado que fue un "hecho valiente y muy aplaudido" tanto por los medios de comunicación como por los guatemaltecos. "La verdad, nos sentíamos muy orgullosos de haber aceptado el reto", ha añadido, al tiempo que ha enfatizado que esta operación entraba dentro de los motivos por los que los ciudadanos de Guatemala le "habían elegido" como presidente.
Ha explicado ante el tribunal presidido por la magistrada Concepción Espejel que el plan 'Pavo Real' se enmarca en una situación en la que el Estado estaba "totalmente debilitado" y al igual que el sistema carcelario en "crisis permanentemente".
Para "oxigenar" el sistema penitenciario, Berger ha concretado que se prepararon a más policía y se mejoraron los recursos destinados a los centros, pero ante la información de la existencia de un grupo de presos, de una "casta", en la prisión de Pavón denominado Comité de Orden y Disciplina que una serie de "privilegios", hubo que tomar una "decisión de Estado" de retomar la cárcel.
Berger ha reconocido que sometió al Gabinete de Seguridad, en el que participaban los Ministerios de Gobernación y de Defensa, el propio presidente y fiscales, al estudio de dicha situación y ha afirmado que por ello se preparó y diseñó dicho plan. Asimismo, ha precisado que pidieron asesoramiento al delegado de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala sobre cómo poder volver a tener el control de la prisión de forma "eficiente y digna" y dando seguridad a los presos.
LA TOMA DE LA PRISIÓN DE PAVÓN FUE "PACÍFICA"
En esta línea, ha calificado de "pacífica" la toma de Pavón pues, en su opinión, no hubo "violencia" en la requisa y ha eludido cualquier responsabilidad del entonces Gobierno de Guatemala en la muerte de siete reos, diciendo que fallecieron a causa de un "enfrentamiento" con los cuerpos de seguridad.
Berger ha asegurado que estuvo informado en todo momento tanto por la prensa como por el exministro de Gobernación Carlos Vielmann de cómo se iba desarrollando el operativo. No la visitó hasta que no le avisaron de que era seguro entrar allí, ha aseverado.
Preguntado sobre por qué se le prohibió la entrada en el centro penitenciario al procurador de Derechos Humanos de la ONU, Berger ha contestado que los "expertos" eran los que decidían "quiénes entran" al lugar de los hechos y "quiénes se quedan alrededor", como los ministros o la prensa, ha concretado. "Cuando había seguridad y control todos tuvimos acceso", ha agregado.
NO CONOCE EL 'PLAN GAVILÁN'
En cuanto al 'plan Gavilán', que se planificó para la búsqueda de 19 reclusos fugados en octubre de 2005 de la cárcel de Máxima Seguridad, conocida como 'El Infiernito' y, según el escrito del Ministerio Público, fueron recapturados para ponerlos a disposición del equipo policial y "matarlos". En esta operación murieron tres persona, aunque la Fiscalía solo acusa a Vielmann por la muerte de una de ellas.
Sobre esta operación, Berger ha asegurado que no lo conocía, aunque momentos después ha reconocido que sí tuvo información de la captura de los presos fugados y del fallecimiento de tres de ellos, también, según él, debido a un "enfrentamiento con la Policía".
La vista oral tiene lugar casi tres años después de que la Sección Cuarta confirmase el procesamiento del exministro. En noviembre de 2013, el entonces juez instructor de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez decidió sentar en el banquillo a Vielmann al considerarlo autor de la creación de una "estructura criminal parapolicial" y "un cuerpo clandestino del seguridad dentro del propio Ministerio de Gobernación" para "ejecutar extrajudicialmente" a los reclusos.
El exministro de Gobernación de Guatemala Carlos Roberto Vielmann negó durante su comparecencia haber participado en la elaboración de dichos planes. "Tengo una hoja de vida que me ha costado hacer, mi nombre no lo iba a manchar", subrayó.
La Fiscalía solicita para el exministro 20 años por cada uno de los asesinatos --ocho en total--, además de la inhabilitación absoluta con el límite de cumplimiento de 40 años. Asimismo, el exministro deberá indemnizar en 300.000 euros a los familiares de cada uno de los fallecidos.
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