Expresidente De la Rúa carga contra exfuncionarios en juicio por sobornos

  • El expresidente argentino Fernando de la Rúa cargó contra exfuncionarios de alto nivel en su Gobierno al proseguir hoy con su declaración en el juicio que se le sigue por su presunta responsabilidad en un caso de sobornos para que el Senado aprobara en el 2000 una polémica reforma laboral.

Buenos Aires, 4 sep.- El expresidente argentino Fernando de la Rúa cargó contra exfuncionarios de alto nivel en su Gobierno al proseguir hoy con su declaración en el juicio que se le sigue por su presunta responsabilidad en un caso de sobornos para que el Senado aprobara en el 2000 una polémica reforma laboral.

Al comparecer hoy ante el tribunal oral que le somete a juicio, De la Rúa aseveró que su entonces vicepresidente, Carlos "Chacho Álvarez, "no honró" la amistad que les unía al renunciar a su cargo en medio de críticas al mandatario por su supuesta falta de compromiso para investigar los presuntos sobornos.

Álvarez, quien además presidía el Senado, renunció a la vicepresidencia argentina en octubre de 2000 tras las denuncias de sobornos, lo que desgastó la gobernante Alianza encabezada por De la Rúa.

El exmandatario, quien volvió hoy a negar el pago de sobornos, dijo que la renuncia de Álvarez "cayó mal en la sociedad" porque "el hombre público debe cumplir con su deber hasta el final, es elegido para un cargo y no para dar portazos".

"El no estuvo a la altura en un momento difícil y no honró la amistad que nos unió, además de no cumplir con el voto popular", dijo De la Rúa de Álvarez, quien deberá declarar en este juicio en calidad de testigo.

Quien gobernara Argentina entre 1999 y 2001 aseguró que en su Gobierno "hubo gente honesta" y que "nadie robó ni se quedó con nada", incluyendo a Álvarez, quien, recordó, llevó por indicación suya a la Justicia la primera denuncia anónima sobre los supuestos sobornos a senadores del entonces opositor Partido Justicialista (PJ, peronista).

De la Rúa también acusó a su entonces jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno, de intentar despegarse del escándalo con declaraciones contradictorias.

"El juez usó profusamente los dichos de Terragno. Él cambió declaraciones. Era jefe de Gabinete y administraba y controlaba el Presupuesto. Y algo parecido le pasó al vicepresidente", dijo.

Terragno declaró en la etapa de instrucción del caso que De la Rúa había designado al entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, también imputado en este juicio, como único negociador de la polémica reforma laboral.

En su defensa, De la Rúa dijo que la declaración de Terragno "arranca desde la intencionalidad cuando dijo que Flamarique había sido designado y él desplazado" y señaló que resolvió centralizar el asunto en el ministro de Trabajo porque los dirigentes sindicales procuraban distintas vías de diálogo con el Gobierno por este tema.

Por otra parte, el expresidente señaló a Hugo Moyano, líder de la Confederación General del Trabajo, la mayor central sindical de Argentina, como quien "agitó la idea de la corrupción cuando ni siquiera se había presentado el proyecto de ley en el Congreso".

Si es encontrado culpable, De la Rúa, que renunció a su cargo en diciembre de 2001 en medio de un estallido social y una severa crisis económica, puede recibir una pena de hasta seis años de prisión, al igual que los otros acusados.

El proceso, que se inició el pasado 14 de agosto, es el segundo juicio contra un exmandatario democrático argentino desde la última dictadura tras el proceso que se siguió a Carlos Menem (1989-1999) por el presunto contrabando de armas a Croacia y Ecuador, en el que fue absuelto.

Junto a De la Rúa, están sentados en el banquillo de los acusados los exsenadores peronistas Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Constanzo y Ricardo Branda.

También son sometidos a juicio quien fuera director de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE, servicio secreto) Fernando de Santibáñez, el propio Flamarique y el exsecretario parlamentario Mario Pontaquarto, quien confesó haber llevado él mismo el dinero para los sobornos.

Se prevé que el juicio oral se prolongue durante seis y ocho meses y que atestigüen ante el tribunal unas 340 personas.

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