Burgos, 22 nov.- El expresidente de las Cortes de Castilla y León José Manuel Fernández Santiago ha declarado hoy ante el instructor del caso por el presunto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de la variante de Olleros de Alba (León), parte de la trama Gürtel, y ha rehusado hablar con los periodistas.
José Manuel Fernández Santiago, exconsejero de Fomento y actualmente procurador en las Cortes autonómicas, ha salido por una puerta lateral de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para evitar a los periodistas.
Su declaración, a puerta cerrada en una sala que se ha habilitado en la primera planta de la sede del TSJCYL, queda de momento amparada por el secreto de la fase de instrucción, dado que tampoco su letrado defensor ha querido hacer ninguna valoración.
Según fuentes del procedimiento, en el que se instruye una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión de delitos de prevaricación y cohecho, la declaración de Fernández Santiago en relación con su actividad como consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León en el momento de la adjudicación de la variante de Olleros de Alba, en 2002, ha comenzado a las once de la mañana y se ha extendido hasta las doce y cuarto.
Aunque en la sala se encontraban abogados representantes de algunos otros imputados en este asunto, sólo el magistrado instructor, la representante de la Fiscalía y el letrado defensor han formulado preguntas.
La declaración de Fernández Santiago es la primera relacionada con la llamada 'trama castellano y leonesa' del Caso Gürtel.
En los próximos días prestarán declaración también Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, que lo hará mañana, y Jesús Merino, también exconsejero de Fomento de la Junta de Castilla y León.
Tras una parada hasta el próximo martes, seguirán pasando ante el magistrado instructor representantes de la empresa adjudicataria, personas que pudieron actuar como intermediarios en el cobro de comisiones ilegales y técnicos de la administración regional, hasta llegar a los diecisiete imputados.
Las declaraciones se prolongarán hasta el 15 de diciembre y discurren paralelas a otras pruebas que ha solicitado el instructor mediante un auto en el que también se establece el calendario de citaciones de los imputados.
En el auto del magistrado instructor de este asunto se ordena a la Policía y a la Guardia Civil que practiquen una investigación entre las empresas que optaron en su día a la adjudicación para averiguar el grado de conocimiento que tenían sobre la "mediación de comisiones ilegales y concurrencia de irregularidades en su tramitación y resolución".
También se pide un informe a la Intervención General de la Administración del Estado sobre la "similitud o singularidad" del procedimiento seguido para la adjudicación de la variante de Olleros de Alba respecto de otras realizadas también por la propia Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León en esa época. EFE
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