Extremadura. La junta justifica los desahucios de viviendas sociales ordenados en la región


La Junta de Extremadura aseguró hoy que los 75 desahucios que han ordenado las autoridades judiciales en viviendas sociales del Gobierno autonómico han sido "en la práctica totalidad de los casos" de inmuebles desocupados, ocupados ilegalmente, donde se realizaban conductas antisociales o donde el adjudicatario adeudaba más de 100 recibos.
El Gobierno extremeño considera que esa cantidad de recibos demuestra que la deuda no guardaba relación con una situación sobrevenida por la crisis, y añade que en todos los casos se acreditaba que el deudor tenía medios para no haber tenido que llegar a este extremo. Todas estas viviendas se han entregado a otras familias con bajos recursos.
El Ejecutivo autonómico esgrimió los datos del CGPJ que revelan que en 2013 hubo en Extremadura 948 desahucios a instancias de los bancos y 24 a petición de la Administración regional para concluir que la afirmación del secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, de que aquél es "el mayor desahuciador de la región" es "radicalmente falsa y malintencionada.
El Gobierno de Monago esgrimió en su defensa que en 2013 modificó la normativa para que los inquilinos de las viviendas sociales que no pudieran abonar las cuotas por cambios en su situación económica se beneficiaran de una rebaja en el alquiler e incluso la exención total de éste durante dos años. A día de hoy, 1.393 familias, el 10% del total, están disfrutando de estas ventajas.
Además, la Junta reivindicó haber entregado en los últimos siete meses 35 viviendas sociales a familias que habían sido expulsadas de su hogar por no poder pagar la hipoteca al banco, y que en 2013 invirtió más de siete millones de euros para entregar 300 viviendas sociales a familias con pocos recursos, 745 en toda la legislatura.

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