Este martes comenzaban a prestar declaración el resto de citados, entre los que destaca el administrador de Kuk y un trabajador comercial de esta misma empresa, que se han acogido a su derecho a no declarar.
González es una de las diecinueve personas investigadas por el Juzgado de Guadalajara, en su mayoría por presunta comisión de un delito contra el medio ambiente en la planta de reciclaje de residuos Kuk Medio Ambiente.
El exalto cargo del Gobierno regional ha acudido a los Juzgados acompañado de su abogado, Esteban Mestre. Ante el juez, ha respondido a preguntas sobre su función como viceconsejero, qué hacía él en ese puesto y si tenía conocimiento de lo que allí pasaba, según ha podido saber Europa Press de fuentes cercanas.
PRESUNTA PREVARICACIÓN
En este caso, se le investiga por prevaricación medioambiental. Según el auto, habría otorgado presuntamente a Kuk Medioambiente "la ampliación de códigos LER a gestionar cuando en esas fechas la empresa debería haber cesado su actividad por sanción".
El auto también entiende que, el que fuera viceconsejero presuntamente "tenía pleno conocimiento del funcionamiento de Kuk pudiendo haber participado en las gestiones para su arrendamiento por el Grupo Layna y contratación de J.J.G.L.".
Además, dicho auto recoge que la empresa Biosonoil, cuando era dirigida personalmente por González, realizó un proyecto para la instalación de un evaporador, con un coste superior a los 60.000 euros, que se ejecutó cuando el investigado ya ocupaba el cargo de viceconsejero y había abandonado Biosonoil pero, sin embargo, mantenía el uso personal de un teléfono móvil registrado a nombre de la empresa y un correo con su dominio.
Las declaraciones del resto de los investigados continuarán en los días 17 y 24 de enero y el 21 de febrero. Entre ellas tendrá lugar la del exalcalde de Chiloeches, César Urrea, así como otros cargos de la Junta de Castilla-La Mancha. También se tomará declaración a 22 testigos.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, en al auto con fecha 30 de noviembre, abría diligencias previas también contra tres personas jurídicas, con el fin de que se investigase un delito contra el medio ambiente en la planta de reciclaje y residuos peligrosos de Chiloeches, y aquí incluye también el propio incendio registrado en la misma el 26 de agosto.
Otros de los investigados son varios responsables de las empresas Layna y Kuk, arrendadora y arrendataria de las instalaciones, Salmedina Tratamiento de Residuos Inertes, Gaver Ambiental y Reciorganics, y varios responsables y cargos de las últimas legislaturas del área de Medio Ambiente del Gobierno de Castilla-La Mancha.
En el caso del que fuera alcalde de Chiloeches, César Urrea, también es investigado por el mismo delito de prevaricación al entender el Juzgado, según el auto, que este no había ejercido presuntamente su función de inspección y sanción contra la empresa Investigación y Tratamiento de Reciclaje, y posteriormente contra Kuk Medioambiente.
Además del delito de medio ambiente, entre los delitos que se atribuyen de forma indiciaria a estos investigados se encuentran también el de prevaricación administrativa, pertenencia a grupo criminal, incendio con la puesta en peligro de personas, bienes y ecosistemas, y falsedad documental.
En este procedimiento están personados como acusaciones particulares la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Chiloeches y la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE).
Dado el volumen y complejidad del procedimiento, a instancia del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara se ha activado el Protocolo del Consejo General del Poder Judicial de causa compleja por corrupción para solicitar refuerzos para este juzgado en esta causa.
Desde la Sala del Gobierno del Tribunal de Castilla-La Mancha ya se ha elevado la petición al Consejo General del Poder Judicial para que tomen medidas de refuerzo.
Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Guadalajara, Emilio Vega, en declaraciones a varios medios, ha señalado que la toma de declaraciones iniciada este martes en los juzgados se lleva a cabo porque el juez que lleva el caso entiende que existen "unos indicios" contra esas personas sobre unos hechos concretos y quiere tener un mayor conocimiento de los mismos.
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