La presentación de dicho recurso, según este testigo, demuestra de hecho la intención del Gobierno de Artur Mas de querer cumplir la ley, porque a su juicio, dado que la consulta había quedado "esencialmente en manos de voluntarios" no quedaba claro cuáles eran las actividades en las que la Generalitat debía abstenerse y en cuáles intervenir por cuestiones como el orden público.
La providencia dejaba dudas, según este jurista, sobre si el Govern podía utilizar a los Mossos d'Esquadra, informar sobre los resultados de la consulta, dejar operativa la página web creada a tal efecto o anular los efectos de los contratos ya firmados con diversas empresas para la organización de la misma.
REUNIÓN SOBRE LA PROVIDENCIA
El asunto se trató en una reunión que se celebró el mismo día que se conoció la providencia, el 4 de noviembre de 2014, en la que además de Homs y el testigo acudieron otros expertos cuya identidad y número Viver no ha podido precisar. Por su parte, insistió en cuestionar que a este asunto pudiera aplicarse la suspensión que la Constitución, en su artículo 161.2, prevé para leyes impugnadas por el Gobierno una vez que el asunto es admitido a trámite por el TC.
A preguntas del fiscal, Viver ha reiterado que "se quería cumplir, era manifiesta la voluntad de cumplir", si bien ha insistido que él entendió que la suspensión de la convocatoria realizada en primer término por la Generalitat para una consulta el 9-N y la celebración del "proceso participativo", no eran supuestos iguales. Tras la primera suspensión no se le consultó.
PARTICIPACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS
El siguiente en declarar ha sido presidente de la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas, Miguel Buch, también testigo de la defensa y exalcalde de Premiá de Mar, quien ha señalado que ningún órgano judicial reclamó a ningún alcalde al respecto y que si bien la Delegación del Gobierno envió una carta en esta advertía que se "podría contravenir" la providencia del TC, "pero en condicional" y sin precisar las actuaciones al respecto.
Ha explicado que fue a petición de los Ayuntamientos participar porque en algunos municipios se carece de instituto donde pudiera realizar la consulta y en un total de 911 municipios se aprobaron mociones sobre este asunto, con independencia del partido político que gobernaba en los mismos. Tras ello se pusieron alrededor de 600 locales municipales a disposición del proceso.
REPROCHE DE MARCHENA A UN TESTIGO
Por su parte Albert Lamarca, presidente de la Comisión Jurídica Asesora, ha precisado ante el tribunal que, tras conocer la providencia del TC aconsejó a Homs que pidiera una aclaración sobre la misma para distinguir sobre qué aspectos concretos recaía la prohibición acordada por unanimidad en el Pleno del alto tribunal.
Lamarca, que ha recordado ante el tribunal que tiene prohibido por ley recibir órdenes o instrucciones "porque sino no sería un jurista independiente", ha denunciado que existe autonomía política "pero no completa" a lo que el presidente del tribunal Manuel Marchena le ha respondido que no haga "valoraciones jurídicas" ya que en determinados momentos de su declaración ha parecido que estaba "disertando una clase" ante los magistrados.
CONTRATOS CON LOS MEDIOS
El exsecretario de Comunicación de la Generalitat de Cataluña Josep Martí, se ha referido, por su parte, al escrito que presentó ante el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) en el que informaba sobre el incumplimiento por parte de tres emisoras de radio que se negaron a emitir "de manera gratuita y obligatoria" información respecto al proceso participativo.
"Esa petición la hice yo personalmente y me amparé en la Ley (de Comunicación Audiovisual de Cataluña) que permite que el Gobierno pueda dirigirse a radios y televisiones y solicitar que emitan gratuitamente spots publicitarios si el Gobierno los ha considerado previamente de interés general", ha explicado Martí, quien ha precisado que no denunció los hechos sino que simplemente los puso en conocimiento del Consell audiovisual.
El exsecretario de comunicación, que ha reconocido que durante esa época participaba frecuentemente en reuniones con Homs para tratar el asunto de la 'desconexión', ha asegurado que siempre actuó de acuerdo con lo dictado por la Ley y que, desde el punto de vista de la comunicación "se hizo un trabajo excelente".
Se trata de la segunda vista del juicio que acoge el Tribunal Supremo contra Homs, el cual se enfrenta a la petición del Ministerio Público de nueve años de inhabilitación del ejercicio público por los delitos de desobediencia y prevaricación. La última sesión de la vista oral se reanuda mañana con la ronda de periciales y los informes finales de las partes.
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