Martes, 15.10.2019 - 08:25 h
Higuera declara sobre la venta

El exvicepresidente del Popular ante el juez: "Creí que pagarían 1€ por acción"

Higuera afea a Albella que aprobara la ampliación y luego abriera expediente desde la CNMV y añade que en ningún momento hubo instrucciones veladas. 

Imagen del Banco Popular con mucha gente
Higuera dijo que hubo una sobredemanda del 133% en la ampliación de capital. / Archivo.

A pesar de tratarse del segundo interrogatorio en el caso del Popular las fricciones entre la excúpula del banco ya se palpan en la Audiencia Nacional. Si la semana pasada el último presidente de la entidad, Emilio Saracho, apuntaba a la fatalidad de los hechos que derivaron en la debacle del banco, este martes el antiguo número dos de Ángel Ron, Roberto Higuera, defendió en sede judicial la ampliación de capital de 2016 hasta llegar al proceso de venta del banco. Sobre este punto mostró una especial sorpresa, al asegurar que creyó que se trataba de un euro por acción.

Fuentes presentes en el interrogatorio consultadas por este diario explican que Higuera expuso ante el magistrado José Luis Calama Teixeira que cuando se enteró por televisión de que la entidad que preside Ana Botín iba a pagar un euro por la compra del banco tras su resolución por la JUR se quedó "estupefacto". De hecho, ha recordado en sede judicial que él mismo invirtió un millón de euros en acciones que perdió con la caída de la entidad y que se sorprendió mucho ante el desenlace de los hechos.

Tanto el fiscal Antonio Romeral como el magistrado instructor pusieron el foco en dos asuntos concretos: la ampliación de 2016 y el presunto maquillaje de las cuentas. Sobre ambos puntos se pronunció Higuera en una declaración que se prolongó toda la mañana y en la que solo respondió a las preguntas de los investigadores y de su letrado Carlos Aguilar. En lo que respecta a la ampliación insistió en que no solo fue suficiente, sino que actuaron por encima de lo exigido. Dijo que obtuvieron unas provisiones de 4.500 millones, superiores a las que demanda el BCE, que las comunicaron al organismo europeo y que éste les trasladó que estaban excediendo la exigencia regulatoria.

La mano derecha de Ron explicó que acometieron la ampliación por 2.505 millones de euros pese a que se les pidió que fuera por unos 2.300 millones. Además, apuntó que esta operativa estaba asegurada al cien por cien por Goldman Sachs y Alliance, lo cual quiere decir que tenían la operación garantizada al cien por cien y que, además, tenían una demanda del 133% ; es decir, que, según su versión, hubo un 33% de accionistas que quisieron acudir a la ampliación y no pudieron.

Por ello ha negado que se produjeran instrucciones veladas para que se financiara a los clientes que querían participar en la ampliación. Al respecto, Saracho apuntó de manera opuesta en su interrogatorio de la semana pasada asegurando que fue Francisco Gómez, exnúmero 'dos' del entonces presidente Ángel Ron, el que ordenó que se financiara desde dentro de la entidad con 400 millones la compra de acciones por parte de clientes. Igualmente ha lanzado un recado al actual presidente de la CNMV, Santiago Albella, puesto que fue uno de los asesores a nivel legal fue el Despacho de Abogados Linklaters y por tanto, asesoró la ampliación de 2016. 

El papel de Albella en la trama es más importante de lo que pudiera parecer puesto que la propia CNMV abrió un expediente sancionador por infracción muy grave a los exaltos cargos del Popular en relación con las cuentas de 2016. Al respecto, Higuera se ha escudado en el dictamen pericial del Banco de España sobre este asunto, el cual recoge que, dos años antes a la apertura del expediente, en 2016, Albella dio el visto bueno de la ampliación junto con su socio Jorge Alegre apuntando que ésta se enmarcaba en el ámbito de las "decisiones estratégicas y de negocio" y que consideraban que los consejeros actuaban con la diligencia exigible si tomaban decisiones "de buena fe".

Hecho relevante prematuro

También ha tenido alguna perla para la gestión de Emilio Saracho, apuntando que la publicación del hecho relevante el 3 de abril de 2017 en relación con las cuentas anuales del ejercicio anterior fue un gesto prematuro. Saracho explicó en sede judicial que el hecho de que se dejaran sin provisionar 123 millones obligó a reformular los ejercicios de ese año. Además dijo que, de acuerdo con la normativa vigente, informaron de esto al comité de auditoría interno, el cual tenía instrucciones de que había que trasladarlo a su vez a PwC. Éste, por su parte, tenía 10 días para comunicarlo a al CNMV pero lo hizo en 24 horas. 

Con todo, el representante del Ministerio Fiscal también se ha interesado en saber si es cierto que el Consejo de Administración en la última etapa de Ron en la presidencia estaba dividido en dos. Aunque este asunto compete más al equipo de Saracho, los investigadores buscan saber si efectivamente se filtró información falsa al mercado con el objetivo de hacer caer el valor de la acción. Sobre esta fecha, Higuera ha asegurado que fue la consejera y presidenta de la Comisión de Nombramientos Reyes Calderón la que contactó con Saracho, extremo este último confirmado por el banquero la semana pasada. Expuso que acordó los servicios de la consultora SpencerStuart y que en la terna había tres personas siendo Saracho la primera opción para presidir el Popular. Apenas semanas después se cerró su fichaje como sustituto de Ángel Ron.

Temas relacionados

Ahora en Portada 

Comentarios