Familia acusada de blanqueo se justifica en la lotería y evasión de impuestos

Pontevedra, 29 nov.- La familia de Guillermo Abalo, ya condenado por narcotráfico, acusada de blanquear dinero procedente de esta actividad ilícita, ha tratado hoy de justificar su patrimonio, que le permitió edificar tres chalés y adquirir varios barcos y una batea, en la evasión de impuestos y en la lotería.

En la primera jornada del juicio que acoge la Audiencia Provincial de Pontevedra, la mujer y el padre de Abalo han declarado que desconocían que éste ya había sido condenado por narcotráfico a finales de los noventa, y han tratado de demostrar el origen lícito de su patrimonio.

La madre, también acusada, ha rechazado declarar. "Me encuentro en malas condiciones", ha aducido.

Abalo, su padre y su esposa han utilizado argumentos comunes en este tipo de procesos para justificar la bonanza económica familiar, entre ellos, el haber ganado un premio de lotería en 1994 o defraudado a Hacienda para evitar el pago de impuestos.

La defensa ha aducido que Abalo padre, tras trabajar durante décadas en Noruega, había reunido un patrimonio elevado, habida cuenta de la diferencia entre los salarios medios del país nórdico y España, "de 300.000 pesetas y 50.000", respectivamente, en 1981.

Los acusados se han negado a responder a las preguntas del fiscal, que solo pudo interrogar al técnico de Hacienda que dirigió la investigación patrimonial de la familia.

Éste ha explicado que iniciaron las pesquisas en el marco de un plan de control de residencias suntuarias sobre construcciones con un valor aparente muy superior al censado.

Así, ha señalado que entre 1999 y 2007 no habían existido ingresos de entidad para justificar legalmente los gastos, que incluían además de las varias viviendas sospechosas, un amarre en el puerto de San Vicente do Mar (O Grove).

El técnico de Hacienda ha descartado que las indemnizaciones por daños del Prestige pudiesen justificar los bienes, porque estaban circunscritas a la sociedad conservera a nombre de la esposa de Abalo, que "era destino de las inversiones y no origen de los recursos".

El fiscal pide para los cuatro acusados cinco años de prisión y tres millones de euros de multa. EFE

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