La Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos ha hecho un llamamiento a todas las familias para presentar una demanda colectiva contra el "cártel" de los libros de texto, después de que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) haya sancionado a una treintena de editoriales por pactar condiciones comerciales y el precio de los libros de texto digitales.
El presidente de la FAPA Giner de los Ríos, Camilo Jené, ha asegurado este lunes en una rueda de prensa que se pondrá en marcha a partir de mañana con el inicio de una campaña de adhesiones a través de la página web de la entidad, que las familias han asumido un "sobrecoste" que no les corresponde derivado de este tipo de prácticas que alteran el mercado de libre competencia, que afectaría también a los libros de texto en papel, y ha instado a adherirse a todas las familias que se sientan "perjudicadas".
"Debemos recuperar ese dinero que de alguna manera nos han robado", ha aseverado Jené, quien ha constatado que aunque la CNMC haya sancionado a las editoriales, organizadas a través de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), la multa impuesta ha sido de 33,88 millones de euros, cuando las empresas se han ahorrado aproximadamente 80 millones de euros en gastos de promoción y los sobrecostes serían superiores a 1.200 millones de euros, unos 214 euros por curso entre los años 2012 y 2018.
"Resulta que les sale muy barato incumplir la ley y eso es lo que no podemos permitir, la Justicia debe prevalecer y (las editoriales) deben pagar lo que nos han ido quitando poco a poco a todas las familias", ha señalado Jené, quien ha destacado que se trata de una cuestión de "justicia social" y que si este "sobrecoste" no ha supuesto mucho para algunas familias a otras muchas les ha supuesto "un gran esfuerzo económico" e "incluso pedir préstamos", por lo que ha apelado a la "solidaridad" entre todas las familias.
Desde la FAPA Francisco Giner de los Ríos llevan "mucho tiempo denunciando el proceso tan oneroso y los beneficios empresariales de las editoriales al estar cambiando continuamente el ISBN de los libros con modificaciones innecesarias de textos o simplemente cambiando los mismos de una página a otra", ha recordado Jené, quien ha comparado los precios de los libros de texto no universitarios con otros universitarios y especializados para poner de manifiesto cómo los primeros son más caros a pesar de tener una mayor tirada.
La FAPA Francisco Giner de los Ríos extiende el llamamiento que ha realizado a las familias a las administraciones, que también han resultado "perjudicadas" en tanto en cuanto hayan concedido becas o ayudas para la compra de libros de texto.
La que será la "primera demanda colectiva por daños de competencia", según los abogados de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, del estudio jurídico Global CS, se basa en que, de acuerdo con la resolución de la CNMC del pasado mayo, las editoriales de los grupos Santillana, Anaya, SM, Edelvives, Oxford University Press, Macmillan, Mc Graw Hill, Pearson y Algar Libros llevaron a cabo la "fijación, desarrollo y aplicación de una conducta sectorial" y la fijación del precio de los libros de texto electrónicos, según el director general de Global CS, Ignacio Valderas.
Valderas ha apuntado que la resolución de la CNMC no habla de "cártel" aunque entiende que la actuación de las editoriales, con prácticas como el reparto de los centros educativos para ahorrarse la acción comercial y el intercambio de información, se enmarca en la definición de cártel que hace la CNMC, y ha destacado la experiencia de su despacho en procesos similares relativos a los camiones y el azúcar.
Asimismo, tanto Valderas como el abogado Carlos Martínez han recalcado que aunque la resolución no hable del sobrecoste de los libros de texto en general, el hecho de que se haya producido este tipo de "concertación" implica una práctica "claramente colusoria" en el sector.
Por otro lado, han restado importancia al hecho de que las editoriales puedan recurrir su sanción en la Audiencia Nacional, ya que aseguran que el recurso tendría que ver con posibles irregularidades administrativas en la imposición de la multa.
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