La organización comunista, que negocia desde 2012 un pacto histórico para acabar con más de medio siglo de lucha armada contra el Estado, dijo que a partir de ahora se enfocarán en "un debate profundo sobre la urgente necesidad" de "superar" el "azote del paramilitarismo".
"Difícilmente se podría entender que las FARC concluyeran el paso de un organización armada a un movimiento político legal sin tener garantías ciertas" de la desarticulación de las bandas ilegales contraguerrilleras, señaló Pablo Catatumbo, negociador de paz de ese grupo, en un mensaje leído en La Habana.
La guerrilla anunció el inicio de las discusiones sobre una de sus mayores preocupaciones de cara a la firma de la paz, prevista para este año, tras acordar esta semana con el gobierno la verificación internacional de su futuro desarme.
Con unos 7.000 combatientes, según cifras oficiales, las FARC aceptaron que una misión latinoamericana de Naciones Unidas supervise el desarme y el cese bilateral y definitivo del fuego en Colombia.
La agrupación rebelde espera recibir garantías de que los paramilitares no serán una amenaza, como ha ocurrido en otros períodos cuando fueron asesinados activistas o políticos de izquierda por bandas de ultraderecha aliados con militares, quienes terminaron en la cárcel por esos vínculos.
"Lastimosamente, tenemos que señalar que mientras iniciamos este debate, la actividad de los grupos paramilitares se multiplica", denunció Catatumbo, y reiteró que ese fenómeno constituye la "principal talanquera que impide el tránsito definitivo hacia una Colombia en paz".
Acusados de delitos de lesa humanidad, miles de paramilitares depusieron las armas durante un controvertido proceso de negociación con el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), tras lo cual surgieron nuevas bandas dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilegales que la guerrilla ha denunciado como nuevos paramilitares.
En su comunicado, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) propusieron una nueva legislación para sancionar "la promoción, organización, financiación o empleo oficial o privado de estructuras o prácticas paramilitares" y un "verdadero pacto político" contra ese fenómeno.
vel/ja
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