Un juez argentino consideró que la multinacional de transporte desregulado Uber no comete ningún delito, pero el sindicato de taxistas apeló la medida, en otro capítulo de una pelea que se ventila en los tribunales, informaron el lunes fuentes judiciales.
Los gremialistas habían denunciado al poderoso grupo por captar clientes de manera ilegal a través de métodos informáticos. Lo hicieron en consonancia con otros dictámenes judiciales, incluso de magistrados que ordenaron allanar sedes de Uber y arrestar a sus responsables.
Las autoridades comunales de la ciudad no le reconocen actividad lícita a Uber.
En sentido contrario, el juez Luis Zelaya señaló el lunes en su fallo que en la operatoria de la multinacional hay "inexistencia de delito" y que sus conductores no cometen al manejar "entorpecimiento del transporte, desobediencia, competencia desleal, instigación a cometer delitos o asociación ilícita".
La medida "ya fue apelada y esperamos que la Cámara le dé más importancia que el juez Zelaya al tema", dijo Jorge Celia, presidente de la Federación de Propietarios de Taxis, al canal C5N.
Desde que en abril Uber penetró en Argentina, se desató una puja con los conductores de taxis que pagan impuestos y mantienen sus unidades bajo inspección y control comunal, a diferencia de los vehículos no habilitados para el transporte de pasajeros de la corporación.
Decenas de movilizaciones callejeras y bloqueos de tránsito contra Uber se han realizado desde entonces.
Las protestas son organizadas por sindicatos y patronales de unos 38.000 choferes registrados en la capital argentina. Buenos Aires es una de las megalópolis de Latinoamérica, con más de 13 millones de habitantes si se incluye la periferia.
Uber ofrece viajes a la mitad del precio que cobran los clásicos autos de color negro con techo amarillo y opera en más de 400 ciudades en el mundo con un multimillonario capital patrimonial, según la firma.
"Desde septiembre pasado la recaudación nos ha bajado un 40%" confió Celia, aunque en ello ha incidido no sólo el desembarco de Uber sino una economía que cayó en recesión este año.
Marchas con millares de taxistas contra la aplicación se han realizado en Madrid, Bogotá, Yakarta, San José de Costa Rica, Londres y Sao Paulo, entre otras ciudades. En Estados Unidos soportan denuncias judiciales por abusos.
La fiscalía de Buenos Aires ordenó el 9 de setiembre allanar oficinas de la firma internacional. No obstante, la empresa siguió operando a pesar de fallos en contra dictados por otra magistrada, la jueza Claudia Alvaro.
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