El presidente 'popular', Alberto Núñez Feijóo, ha enviado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su propuesta de plan económico, y le ha reclamado un entendimiento "recíproco" que permita trabajar "juntos" para corregir un "rumbo equivocado" que, alerta, puede tener consecuencias "a medio plazo". El 'Plan en defensa de las familias y la economía de España' que Feijóo ha remitido este viernes a Moncloa contiene propuestas en cuatro ejes: rediseño de los fondos europeos, racionalización del gasto burocrático del Gobierno, reformas estructurales y una bajada fiscal "selectiva e inmediata" sobre todo a rentas medias y bajas.
"Todas las medidas que verás en este Plan son realistas, combinan decisiones inmediatas con otras a medio plazo y pueden afrontarse presupuestariamente, sobre todo a través del incremento de recaudación que la inflación está originando en las arcas públicas", argumenta Feijóo en la carta que acompaña al documento, de la que el PP ha remitido también una copia a los medios.
En esta misiva, Feijóo alerta de que la situación económica de España no se debe en exclusiva a la invasión rusa en Ucrania o a la pandemia, si no que existen daños "domésticos" que provocan que España sufra una inflación un 40 % superior a la de sus socios europeos -del 9,8 %-, por lo que urge a "mejorar la planificación" para no "seguir dañando" previsiones económicas revisadas ya a la baja.
"Obviar que muchos de los problemas que afrontan los ciudadanos son propios y requieren decisiones de carácter interno es una equivocación que tendría consecuencias a medio plazo", avisa además Feijóo, que también argumenta que es una obligación con las familias, empresas y trabajadores mejorar la política económica. Feijóo sostiene además que tras enviar su plan, en el que han participado expertos de la sociedad civil, éste ya le pertenece al Gobierno para aplicarlo y pide "entendimiento" porque "ningún otro asunto es más urgente en este momento que trabajar juntos para fortalecer el presente y el futuro económico de los españoles".
El todavía presidente de la Xunta explica que su voluntad es que sea "normal y habitual" que el Ejecutivo y "la alternativa de Gobierno", puedan trabajar "juntos" en asuntos de esta relevancia y le pide a Sánchez reciprocidad y que "atienda" las propuestas formuladas desde el PP "con espíritu leal y constructivo". El plan, que tiene una extensión de 41 páginas entre las que se incluye un diagnóstico de la situación, contiene bajadas fiscales de hasta 10.000 millones de euros, como deflactar el IRPF a rentas menores de 40.000 euros, además de ayudas directas de hasta 300 euros a quienes menos ingresos perciben, recorte de ministerios o actuaciones en materia de energía.
Nuevo incentivo fiscal
Los 'populares' consideran que se encuentran ante la "imperiosa necesidad de tomar medidas en el ámbito fiscal, que incidan de manera directa e inmediata en las familias y las empresas". Y añade que "de manera inmediata" en este momento podría plantearse de manera urgente regular un nuevo incentivo fiscal extraordinario y temporal financiable para la Hacienda Española con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia aplicable a inversiones que hagan hogares y empresas que se consideren que contribuyen a la mejora de la cohesión social y la capacidad de reacción ante las crisis. En el caso de las familias, prosigue, esta ayuda extraordinaria a la "cohesión social" podría canalizarse hacia los trabajadores aumentando su renta disponible y estableciendo, "mientras la inflación media anual supere el 3,5%, una deducción extraordinaria y temporal".
Según añade, sería una deducción de "los gastos/inversiones incurridos para obtener rendimientos del trabajo o de actividades económicas (ejemplo: cuota conexión a internet, gastos de transporte público, gastos del teletrabajo...) o de cualquier inversión en capital humano de los integrantes de la unidad familiar (formación en competencias digitales, idiomas, actividades extraescolares, etc..) con el límite de 500 euros por trabajador".
En el caso de las empresas, el PP asegura que la ayuda extraordinaria a la "cohesión económica, el empleo, la productividad y la competitividad" podría orientarse igualmente a liberarles recursos financieros que les den margen para evitar tener que trasladar a precio los crecientes costes de producción, estableciendo, mientras la inflación media anual supere el 3,5%, una deducción extraordinaria y temporal de un porcentaje de las inversiones conducentes a mejorar la eficacia y eficiencia de sus procesos de producción" con límite en la Cuota Íntegra en el Impuesto sobre sociedades. Aquí el PP pone como ejemplo la adaptación a exigencias legales relacionadas con la transición ecológica, la incorporación de la facturación electrónica, la ciberseguridad, la capacitación digital, la automatización de procesos, la nube, el software de gestión o contratación de personas en situación de vulnerabilidad.
Reducir ministros, altos cargos y asesores
Por otra parte, en el capítulo dedicado a la mejora de la eficiencia y calidad del gasto público, el PP subraya que "un mayor gasto público no conlleva necesariamente un mayor y mejor desempeño", por lo que urge a actuar "sobre el gasto público superfluo". "Por poner un ejemplo, no podemos permitirnos mantener el gobierno más numeroso en ministerios de la democracia, y casi uno de los más numerosos de los países europeos. Así mismo, existen ministerios, como el de Consumo, de reciente creación en la Administración del Estado cuando realmente las competencias en la materia corresponden en general de forma exclusiva a las comunidades autónomas", recalca.
Por eso, el PP plantea una reducción de Ministerios, altos cargos y asesores. A su entender, el gasto público "se reduciría de manera notable abordando una nueva configuración en la estructura del Gobierno, donde sería deseable una importante minoración de ministerios, pasando de los 22 actuales a una nueva estructura orgánica similar a la de hace unos años".
También defiende potenciar la Airef como órgano de evaluación del gasto público. Según añade, se debe dotar a la recién creada División de evaluación del gasto público de recursos suficientes para que pueda desarrollar su trabajo, y que éste se realice en colaboración con las comunidades. El PP aboga también por diseñar "un Plan Nacional para la mejora de la efectividad y calidad del gasto público que permita establecer medidas para la modernización y reforma de todas las Administraciones Públicas, estatal, autonómicas y corporaciones locales".
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