Fernández díaz recuerda a quienes se oponen a la ‘ley mordaza’ que es “enormemente garantista”

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró este martes que la Ley Orgánica de Protección a la Seguridad Ciudadana que entra en vigor esta semana es “enormemente garantista”. De esta forma se defiende de las críticas a la normativa que sustituirá a otra del año 92 que estará vigente hasta este miércoles.
Así lo dijo a la prensa en el marco de un acto en el Ministerio de Sanidad para entregar las condecoraciones de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas, en compañía del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso.
Fernández Díaz amparó su postura en los informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, de la Agencia Española de Protección de Datos y del Consejo de Estado. “Con todos los respetos, me merecen más crédito los informes de esos órganos institucionales que consideran la plena constitucionalidad del texto que las opiniones de algunas personas que están fundamentadas en las concepciones que distan mucho de lo que determina la Constitución”, agregó.
Asimismo, insistió en que la nueva ley “sólo debe preocupar a los violentos” pues prohíbe la figura de la retención y las redadas masivas basadas en perfiles étnicos, según dijo.
PRISIÓN REVISABLE
El responsable de Interior también se refirió a la prisión permanente revisable y criticó a los partidos de la oposición por estar, según él, “en una dinámica de ver qué ley aprueba el Parlamento a iniciativa del Gobierno que me opongo y la llevo al Tribunal Constitucional”.
Por ello, pidió al resto de partidos políticos que presenten también el recurso contra todos los países del entorno europeo que tienen una ley similar y contra el Tribunal de Estrasburgo, que según rememoró el ministro, ampara la norma.
Según Fernández Díaz, la prisión revisable “concilia perfectamente los derechos de los penados con los derechos de la sociedad a sentirse libre y segura cuando nos encontramos frente a casos en los que esas personas en los juicios correspondientes han sido condenadas a penas de especial gravedad, dada la gravedad de los delitos y ha quedado acreditado que no están en condiciones de reinsertarse en la sociedad sin que la sociedad no tenga peligro”.
“Ese recurso de inconstitucionalidad, con todos los respetos, deberían remitírselo a todos los países de la UE que la tienen en sus ordenamientos jurídicos. La noticia sería que no plantearan recurso de inconstitucionalidad”, añadió.
Finalmente, confesó estar “deseando” leer el fallo de la Justicia: “No tengo duda de su independencia, faltaría más, pero no haría más que confirmar la plena constitucionalidad de esa pena”.