La de este lunes no es ni la primera ni la segunda sino la tercera cita judicial de Francisco González en la Audiencia Nacional. Sin embargo, a diferencia de sus anteriores visitas en las que acudió como testigo por los conocimientos que pudiera tener en los casos de BBV Privanza o Bankia, su citación se produce en calidad de investigado por su implicación en los encargos de dudosa legalidad del banco a José Manuel Villarejo. El que fuera presidente de la entidad durante más de 18 años, plasmará ante el juez lo mantenido hasta ahora en sus escuetos comunicados apuntando que desconocía estos hechos y que, además, se puso en marcha un 'forensic' para depurar responsabilidades.
González encara de esta forma una declaración clave ante los investigadores del caso Tándem que, antes de escuchar a la propia entidad como persona jurídica (citada para este miércoles) tomarán declaración al máximo responsable del banco por estos encargos que se prolongaron durante más de doce años. El cambio de hoja de ruta del magistrado, que suspendió hasta en dos ocasiones el interrogatorio al representante legal, se debe a las numerosas pruebas que han aparecido en estos meses de pesquisas secretas y que elevarían la responsabilidad de la contratación a la cúspide de la entidad.
González, que según ha podido saber este medio se prestará a responder a las preguntas que se le formulen en sede judicial pese a encontrarse esta pieza bajo secreto de sumario, delegará responsabilidades sobre este asunto y se desvinculará de él como ya ha hecho en sus comunicados difundidos a la prensa, en los cuáles se ha comprometido a colaborar con la Justicia. Sin embargo, no es el único que está aportando pruebas de valor a los investigadores en esta novena pieza del caso Tándem. También lo ha hecho el que fuera director de riesgos de la entidad, Antonio Béjar, el cual, desde el primer momento se desmarcó de la estrategia seguida por el resto de exdirectivos imputados y mostró su intención de responder por las facturas que salieron de su departamento al Grupo Cenyt.
Vuelco en la instrucción
Pero no solo eso sino que en sus cuatro comparecencias ante el magistrado Manuel García Castellón, el también expresidente de Distrito Castellana Norte aportó numerosa documentación que vendría a probar que desde el departamento de inmobiliario se giraron facturas al grupo del agente encubierto por las investigaciones patrimoniales que se le encargaron y que previamente habría corrido a cargo de la firma estadounidense Kroll. Precisamente el cambio de una agencia a otra va a ser una de las cuestiones por las que se le pregunte a Francisco González, ya que los investigadores sospechan que él estaría al tanto de esta orden la cual podría haber sugerido el entonces director de seguridad del banco Julio Corrochano.
El comisario, que abonó una fianza de 300.000 euros para permanecer en libertad provisional tras su imputación en la causa, habría actuado de nexo de unión entre el banco y Villarejo, a quien conocía por su etapa previa en la Policía Nacional. Por ese motivo, es probable que este sea otro de los asuntos por los que se interesen tanto el magistrado Manuel García Castellón como los fiscales del caso Ignacio Stampa y Miguel Serrano en un interrogatorio que se antoja crucial para el futuro judicial no solo de González sino de la propia entidad que ahora preside Carlos Torres y que marca distancias cada vez más con sus antiguos directivos.
Lo mismo ocurren con las grabaciones que obran en el sumario de esta causa y que efectuó el propio Villarejo. En las mismas, Corrochano hacía alusión a los trabajos encargados a Cenyt y le pedía celeridad al agente encubierto en aras a informar al 'presi' del avance de las pesquisas encargadas. Las mismas serían constitutivas de delitos de cohecho y revelación de secretos teniendo en cuenta que las cometió Villarejo durante su etapa en activo en la Policía Nacional y que se habría apoyado para ella en medios policiales pese a tratase de encargos estrictamente privados.
Las facturas de Béjar
De hecho, Villarejo echó mano de esta presunta estructura parapolicial para espiar a políticos, empresarios y periodistas relacionados de manera directa o indirecta con el intento de Sacyr de hacerse con parte del capital del banco, sospecha que todavía mantenía FG en el mismo momento de su salida de la entidad el pasado mes de marzo. Pero los trabajos que costaron más de 10 millones de euros no terminan aquí. El BBVA también se habría interesado porque Villarejo siguiera muy de cerca a Luis Pineda en un momento en que el presidente de Ausbanc mantenía una guerra abierta con el banco por el tema de las cláusulas suelo.
A todo esto hay que sumar otros trabajos tales como identificación de clientes morosos de la entidad o investigaciones patrimoniales. Sobre este último punto se habría referido Béjar en sus citaciones judiciales en tanto su departamento fue el encargado de comprobar que, efectivamente, las facturas que giraron a Villarejo se correspondían con los servicios realmente prestados para la entidad. Y aquí es donde los investigadores han puesto la lupa en tanto algunos de estos pagos -abonados en cualquier caso por el departamento de intervención general- podrían haberse 'inflado' para remunerar al policía por estos presuntos espionajes perpetrados entre 2004 y 2017; año este último en el que fue detenido por organización criminal como cabecilla del caso Tándem.
Con todo, la semana que viene será crucial para el avance de esta novena pieza del procedimiento la cual podría constituir una causa separada por la magnitud de la misma. Y es que a la declaración del máximo responsable del banco hasta finales del año pasado, le seguirán la de Eduardo Ortega y José Manuel García Crespo (exjefes de servicios jurídicos); Manuel Castro (Riesgos); Juan Asúa (actual asesor de cabecera de la entidad); Eduardo Arbizu (exresponsable de servicios legales) y el exdircom Javier Ayuso, aunque este último en calidad de testigo. A la larga lista de directivos del banco se suma la imputación en esta novena pieza del inspector retirado Antonio Bonilla, el cual está llamado a declarar igualmente por los delitos de cohecho y revelación de secretos.
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