Lío en el caso Villarejo por el forensic de BBVA. La investigación interna que encargó la entidad para aclarar los detalles de los contratos con el Grupo Cenyt está derivando en tensos enfrentamientos entre las personas implicadas en el procedimiento. La decisión del magistrado Manuel García Castellón de incorporar al sumario todo el material que PwC apartó de su forensic ha levantado ampollas. De hecho, el expresidente de la entidad Francisco González ha advertido al juzgado que entre los 2,3 millones de 'hits' que identificó la auditora se ocultan conversaciones estrictamente personales e información que no solo afecta a los investigados en la causa sino también a terceros.
En el escrito remitido a la Audiencia Nacional el banquero dice que aunque es de "máximo interés" recabar toda la información que permita esclarecer quienes dieron la orden para contratar con Villarejo, también señala que la entrega de todo el material hallado por PwC pone en juego el derecho a la intimidad de los implicados y del propio banco. González apunta de esta manera en la misma línea que la defensa legal del BBVA la cual ya expuso que la orden dada por el magistrado suponía un "atentado" a su derecho de defensa. Sin embargo, los investigadores del caso Tándem requirieron a los peritos que entregaran con urgencia todo lo que han investigado en estos meses y que no han aportado al caso por orden de la defensa de la entidad. De hecho, se les apercibió de que, de no cumplir con esta orden, incurrirían en delito de desobediencia a la autoridad judicial.
En el otro bando se encuentran las presuntas víctimas de estos trabajos de Villarejo que habrían incluido espionajes y seguimientos desde su entramado empresarial. De hecho, el requerimiento del instructor se produjo después de que los letrados de algunos de ellos (como del empresario Luis del Rivero o del abogado Luis Pineda) se interesaran en saber por qué quedaron fuera del forensic todas las líneas de búsqueda relacionadas con los encargos sobre el Grupo Hostil (como se bautizó a Sacyr) o sobre Ausbanc. Francisco González, por su parte, asegura que, más allá de este tipo de información, los 'hits' incluirían datos clave para la estrategia empresarial del banco y que, de desvelarse, se estarían vulnerando de manera "injustificada y absolutamente desproporcionada" derechos fundamentales como a la intimidad o del secreto de empresa.
Información estratégica de BBVA
El expresidente de BBVA asegura que entre el material solicitado constan numerosos contratos, documentos e información estratégica y recuerda que la violación de secretos empresariales es una práctica de "competencia desleal". González, que declaró ante el juez pese a encontrarse entonces la causa secreta, siempre ha defendido que desconocía la existencia de todos estos contratos por los que el banco abonó un total de 10,3 millones de euros a Villarejo y su socio Rafael Redondo y que se enteró del asunto a mediados de 2018. Sin embargo, otros imputados en esta pieza novena del caso Tándem como el exdirectivo de Riesgos Antonio Béjar señalaron directamente a la cúpula de la entidad.
Precisamente, Béjar es uno de los acusados que ha pedido recientemente al instructor que le cite a declarar junto con la jefa de seguridad de BBVA, Inés Ochagavia, por lo que consideran irregularidades de esta investigación interna que encargó Carlos Torres, actual presidente del banco. Francisco González, aunque no entra a valorar el contenido del 'forensic', sí subraya en su escrito "las graves implicaciones constitucionales" que acarrearían que los 'hits' reclamados acabaran en manos de todos los implicados en esta pieza. "La información solicitada no es entregable sin un escrutinio serio y severo destinado a la exclusión de la información que pueda afectar a derechos fundamentales, también de terceras personas del procedimiento. De dicho filtrado depende la vigencia de los derechos fundamentales referidos", sentencia González.
La obligación del testigo-perito
Frente a la tesis de González y del propio banco se encuentra la de algunos de los personados como víctimas que entienden que esa documentación debe estar en el caso. La defensa letrada del expresidente de Sacyr Luis del Rivero, de José Domingo Ampuero (vicepresidente de BBVA) y de Vicente Benedito Andrés (exvicepresidente de la CNMV) también se pronuncia sobre estos hechos y responde a BBVA que la medida acordada por el juzgado es "la menos lesiva". "Lo procedente, en caso de negativa a la entrega de la documentación requerida, es la entrada y registro para la aprehensión de la evidencia documental y electrónica que contribuya al esclarecimiento de los hechos", exponen en su escrito.
Los tres personados formarían parte del grupo de damnificados por el primer contrato que la entidad firmó con Villarejo en el año 2004. El mismo, que costó al banco poco más de un millón de euros, se bautizó como 'operación Trampa' y tenía como objetivo controlar a periodistas, políticos y empresarios vinculados de alguna manera a Sacyr. Para este encargo, que se efectuó ante el temor de que la constructora entrara en el capital del banco, Villarejo intervino más de 860 llamadas telefónicas de personalidades como Miguel Sebastián, el empresario Juan Abelló, el banquero Emilio Botín o Del Rivero, según expuso el policía jubilado en sus informes de seguimiento.
Ante el hecho de que esta parte de la causa quedara fuera del forensic, los tres perjudicados aseguran que es "innegable" que PwC tiene en su posesión cientos de miles de correos electrónicos que pueden ayudar a esclarecer este asunto. Además, recuerdan que el perito es un "auxiliador" de la Administración de la Justicia, por lo que no puede obviar u omitir datos de sus pesquisas, aunque las haya encargado un ente imputado en el proceso. Igualmente reprochan al banco que, pese a manifestar tener una "actitud colaborativa", trata de impedir que el perito aporte a la causa toda la documentación que atesora sobre los vínculos del banco con Villarejo y le espetan que es "intolerable" que tilden de "capricho" la intervención del resto de partes que integran esta macrocausa.
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