FG pide declarar por segunda vez en el 'caso BBVA' dos años y medio después

Francisco González no quiere que la investigación abierta por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo se cierre sin volverle a escuchar. El expresidente de BBVA ha presentado este viernes un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el que pide prestar declaración, por segunda vez, para poder aclarar todos los puntos que se han ido conocido con el desarrollo del procedimiento judicial, en el que se encuentra imputado por los presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos. En esta línea, también solicita al magistrado instructor que incluya en esta línea de investigación el 'modelo 347' de la Agencia Tributaria en el que se detalla cada uno de los clientes que tuvo el agente encubierto con el fin de demostrar que la actividad que éste ofrecía con su grupo empresarial era "real" y legal.

En el escrito, al que ha tenido acceso La Información, la defensa de Francisco González -conocido en el mundo financiero como 'FG'- recuerda que ya prestó una primera declaración en noviembre de 2019 cuando la pieza número 9 de la macrocausa 'Tándem' (la relativa a BBVA) se encontraba bajo secreto de sumario. "A pesar de no haber podido tomar conocimiento de las actuaciones, en su fuerte compromiso de colaboración con la Justicia, mi representado contestó a cuantas preguntas le fueron formuladas por parte de su señoría y del representante del Ministerio Fiscal", explica el abogado del expresidente del banco. 

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"Dos años y medio después", una vez que ha podido tener conocimiento de todas las diligencias que se han practicado antes y después de levantar dicho secreto -el juez instructor dio acceso a todas las pruebas recabadas en febrero de 2020-, González solicita de manera voluntaria poder declarar de nuevo para poder explicar su participación en la contratación de los servicios comisario jubilado entre 2004 y 2017, por los que se abonó un total de 10,2 millones de euros.

Esta petición voluntaria de volver a comparecer ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 llega después de 'ganar la batalla' al juez, quien, a instancia de la Fiscalía Anticorrupción, también le atribuyó un presunto delito de administración desleal, que finalmente le quitó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Asimismo, la declaración tendrá lugar después de que todos los exdirectivos de BBVA imputados que se negaron a declarar en 2019, al encontrarse el sumario bajo secreto, lo hicieran en esta última fase de la instrucción; o tras la declaración de testigos de relevancia, como el actual presidente de CaixaBank y exconsejero delegado de BBVA, Ignacio Goirigolzarri, que tachó de "deslealtad" la contratación del expolicía  por hacerse a sus espaldas.

Seis meses más

Así, aprovechando que el magistrado ha pedido a las partes que informen sobre la pertinencia o no de prorrogar la causa, debido a que la ampliación acordada en enero expira el próximo 29 de julio, la defensa de Francisco González, no solo pide su declaración, sino que también se muestra a favor de se extienda otros seis meses la investigación. Fuentes jurídicas cercanas a 'FG' explican que "la petición de declarar de forma voluntaria y de prorrogar otros 6 meses la investigación responden a la actitud que siempre ha tenido el expresidente de BBVA: la total colaboración con la justicia, demostrada desde el primer día, cuando prestó declaración con la causa bajo secreto de sumario respondiendo a juez y fiscales sin limitación, todo ello con el fin de que se esclarezca al 100% cualquier duda sobre la correcta actuación del Banco bajo su presidencia".

En su escrito, el abogado de González destaca que aún no se han practicado las diligencias que han solicitado alguno de los imputados, como es el caso del que fuera jefe de Seguridad de BBVA Julio Corrochano o del exjefe del área de Riesgos y expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) Antonio Béjar. El primero de estos responsables envió un escrito el pasado octubre al juez, y se remitió a él en diciembre durante su declaración, en el que explicó cómo y por qué se requirieron los servicios del agente encubierto. Ahí, relató que, aunque no entraba dentro de sus competencias, él fue el encargado de seleccionar a la empresa Cenyt, después de que el expresidente del banco le preguntara si existía la posibilidad de contratar una empresa de inteligencia para frenar el intento de asalto de Sacyr Vallehermoso en la cúpula de administración de la entidad.

En cuanto a Béjar, quien mantiene abierta una intensa batalla legal con BBVA por atribuirle la responsabilidad del pago de varias facturas giradas por el entramado empresarial liderado por Villarejo, se encuentra inmerso en la revisión de miles de correos corporativos intercambiados con empleados y directivos del banco. Asimismo, ha solicitado la incorporación de nuevos e-mails, según recuerda la defensa de González. Así las cosas, la representación legal del expresidente de la entidad financiera considera que "por una cuestión de prudencia y efectividad procesal" se debe extender el plazo de instrucción, al menos, hasta finales de este año.

Modelo 347

Por último, González también solicita la práctica de una diligencia que, en su opinión es "idónea, necesaria y proporcional". Se trata de incorporar al sumario de la novena pieza separada del conocido como 'caso Villarejo' la documentación aportada por la a Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que obra como prueba en la línea de investigación relacionada con el contrato del comisario jubilado por parte de Repsol y CaixaBank -ya finalizada-. Se trata de los denominados modelos 347 correspondientes a los años 2011 y 2012 -años en los que Villarejo trabajó para la petrolera y el banco catalán-, en los que se indican todas las empresas que contrataron al Grupo Cenyt por más de 3.500 euros anuales.

Esta documental "acredita que Cenyt tenía una actividad económica real en el mercado con un nutrido número de clientes y declarada a la AEAT en dichos ejercicios económicos", afirma el escrito presentado ante el juez instructor. Con ello, la defensa del expresidente de BBVA trata de tumbar la principal tesis de acusación: que los encargos realizados a las empresas de Villarejo tenían como objetivo espiar a empresarios, periodistas y políticos y que estos servicios eran ilegales, ya que el polémico policía se encontraba en dichas fechas en activo en la Policía Nacional. La mayoría de los investigados en esta macrocausa defienden que desconocían el verdadero estatus del comisario y que no existía sospecha alguna de que éste no pudiera trabajar en el sector privado.