Fijan una fianza de 46 millones por los ERE al exdirector de Presupuestos

Sevilla, 23 sep.- La juez que investiga los ERE falsos ha impuesto hoy una fianza de responsabilidad civil de 46,6 millones de euros para Antonio Lozano, exdirector general de Presupuestos de la Junta, por su papel en las transferencias de financiación que se usaron para "obviar el procedimiento legal".

La juez Mercedes Alaya, en un auto al que ha tenido acceso Efe, dice que Lozano reconoció en su declaración que la partida de transferencias de financiación "no podía utilizarse para conceder subvenciones" y que, al obviar el procedimiento legalmente previsto para gastos de esta naturaleza, se evitaba "la fiscalización previa por parte de la Intervención General".

La juez reconoce que esta medida contra Lozano puede entrar en contradicción con su decisión, también notificada hoy, de no imponer ninguna fianza al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, pero argumenta que este último "a través del informe adicional de 2005 y a través de informes posteriores, remitidos a los tres consejeros de las Consejerías implicadas, expuso explícitamente los hechos y sus consecuencias".

Ello pese a que la advertencia del exinterventor general "no se realizó a través del proceso reglado que debía y que hubiese acabado necesariamente ante el Consejo de Gobierno".

A la hora de cuantificar la fianza, "nos encontramos con la complejidad de las altas cifras que se han utilizado sin el menor control en cada ejercicio económico", dice Alaya, y añade que este hecho fue consentido, entre otros, por Lozano, que en el pasado Gobierno de José Antonio Griñán era viceconsejero de la Presidencia.

Por ello, acuerda fijar su fianza en 35 millones de euros, que incrementados en el tercio legal resultan 46,6 millones.

En otro auto notificado hoy, al que ha tenido acceso Efe, Alaya anula su anterior prohibición de compartir letrado, medida que afectaba a 13 imputados en la causa, en su mayor parte ex altos cargos de la Junta de Andalucía.

La juez acuerda ahora permitir que compartan defensa, dado que ha sido una decisión tomada "con el conocimiento y la entera voluntad de los interesados" y con el objeto de no causar nuevos retrasos en la instrucción.

La prohibición de compartir abogado motivó que el Consejo General de la Abogacía Española encargase un dictamen jurídico sobre las causas de incompatibilidad, ya que según José Joaquín Gallardo, decano del Colegio de Abogados de Sevilla, se trata de una medida que "vulnera el derecho a la libre elección de abogado".

Pese a ello, Alaya se ratifica en su impresión de que "realmente puede existir esa contraposición de intereses" como en el caso de Lozano, cuyo sucesor en el cargo, Buenaventura Aguilera, está citado mañana como imputado con el mismo abogado defensor.

La juez cita en su auto que Aguilera elaboró una Instrucción, a los 45 días del cese de Lozano, en la que advertía de la "distorsión en la financiación y falta de control".