Los reguladores de España (CNMC) y de Francia (CRE) han tumbado el proyecto de interconexión gasista entre ambos países con el gasoducto Midcat. Por caro y por dudas sobre su rentabilidad. La decisión revela la difícil situación del mercado del gas en España, con exceso de infraestructuras, poco uso y un déficit acumulado que la CNMC cifra en 1.000 millones que pagan todos los consumidores. Por si no fuera suficiente, la demanda de gas es apenas similar a la de hace seis años y los planes de la UE para combatir el cambio climático -Paquete de Invierno- apenas si consideran el gas como una fuente energética residual en el futuro.
El análisis conjunto de la CNMC y la CRE francesa y los datos de consumo de gas lo muestran claro. Ni hay mercado -"el mercado no ha mostrado ningún interés comercial por la nueva capacidad de interconexión (del Midcat)" dicen los reguladores- ni tira la demanda, desplomada desde 2008 (ver gráfico) por la irrupción renovable. La esperanza está en que tanto las autoridades nacionales como comunitarias apuesten por el gas como energía de transición.
El frenazo al proyecto Midcat, que por parte española desarrolla la gestora del sistema Enagás -5% de la SEPI-, pone el foco en la situación de las infraestructuras gasistas en España: más de medio centenar de centrales eléctricas de gas (ciclos, 24.000 MW) que apenas si funcionan a un 12% de su capacidad; siete regasificadoras -una de ellas, El Musel (Gijón), parada-; dos instalaciones más en proyecto en las Islas Canarias y un almacén de gas, el Castor, clausurado y con una deuda de 2.400 millones a 30 años que acabarán pagando los consumidores.
Un cuadro sin proporción
El cuadro está desproporcionado. Demasiado marco y poca tela. Demasiada infraestructura y poco negocio. Las últimas operaciones registradas en el sector así lo indican. Naturgy, la antigua Gas Natural, ha rebajado el valor en libros de sus activos gasistas a la mitad y la petrolera Repsol compró a Viesgo dos centrales de gas por 110 millones, cuando estuvieron valoradas en 800 millones.
"El sector gasista no es rentable", sostiene Javier García Breva, analista y presidente de N2E. "Registra un déficit estructural que hay que cortar y auditar, con infraestructuras innecesarias y proyectos como las nuevas regasificadoras en Canarias que no tienen sentido", subraya. La CNMC comparte el análisis, al menos en lo que se refiere al proyecto de regasificadora de Enagás en Granadilla (Tenerife). En 2017 y en 2018, la comisión se ha opuesto al proyecto por falta de rentabilidad.
Pese a la oposición, Enagás ha insistido en resucitar proyectos de regasificación como Granadilla o en abrir como almacén El Musel (Gijón), paralizado hace seis años y que según la orden de peajes de 2019 costará este año 23 millones de euros a los usuarios. En el borrador de orden de peajes 2019 -no en la aprobada- se precisaba que Deloitte había auditado la realidad de El Musel para Enagás. Para algunos analistas como García Breva, la insistencia en el desarrollo de proyectos innecesarios responde a "una huida hacia delante" de un sector en crisis.
Hay otras opiniones. La directora general de la Asociación para un gas Industrial Competitivo, Verónica Rivière, lamenta que la CNMC y la CRE de Francia hayan tumbado el gasoducto Midcat. En su opinión es "una infraestructura clave para moderar los precios de la materia prima". Su paralización, concluye, "no es una buena noticia".
Fin de un sueño
Con ella, en todo caso, se evapora el sueño de convertir a España en un centro de distribución de gas desde África hacia Europa. Ese sueño, defendido por la patronal de gas Sedigás, está detrás de los cambios legislativos registrados en el sector desde el año 2012 con los Gobiernos del PP. Con José Manuel Soria al frente de Industria, el Gobierno paralizó las inversiones en infraestructuras gasistas (Real Decreto ley 13/2012) excepto las interconexiones. No había demanda para justificarlas. La suspensión de facto duró seis años, hasta marzo de 2018.
Luego se abrió la mano. El fin de la moratoria lo aprobó el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2018. Con carácter "excepcional" y para asegurar el suministro, el Gobierno autorizó la construcción de la interconexión con Francia. La decisión la tomó sin consultar. No hubo informes de rentabilidad de la CNMC. Dos meses después, otro decreto (RD 335/2018) abrió la mano a las regasificadoras.
Con la paralización del Midcat, se abre una nueva etapa. Para Enagás no es una buena noticia. No obstante "la compañía está a lo que digan los reguladores", aseguran las fuentes oficiales consultadas. Pero la decisión escuece porque la compañía que preside Antonio Llardén pensaba que contaba con todo el respaldo europeo para sacar el proyecto adelante puesto que Bruselas considera el Midcat proyecto de interés común (PIC). Fuentes de la gasista precisan, no obstante, que la compañía siempre ha construido las infraestructuras previstas en la planificación obligatoria aprobada por los Gobiernos de turno. Ni más, ni menos.
Los problemas del negocio van a compañados de una intensa labor de lobby por parte de las empresas. El Observatorio Corporativo Europeo obtuvo de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, el departamento responsable de gas, el número de reuniones del departamento con el grupo de presión que defiende la utilización del llamado "gas natural renovable" (biogás): 16 encuentros entre 2017 y 2018. Para muchos es la mejor prueba de que el negocio está amenazado.
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