La fiscal Anticorrupción al frente del caso Bankia, Carmen Laúna, ha cumplido con lo manifestado al comienzo del juicio por la debacle de la entidad y ha ampliado su acusación contra la cúpula del banco por delito de falsedad contable. De este modo, ha pasado de imputar únicamente estafa a los cuatro principales acusados a imponer igualmente el delito de falsedad contable a una decena más por irregularidades en las cuentas de 2010 y 2011 del banco y su matriz BFA. En lo que respecta a Rodrigo Rato, el Ministerio Público, que solicitaba una pena inicial de cinco años de prisión, pide para él un total de ocho años y medio por delito también de falsedad contable.
La representante del Ministerio Público mantiene que los hechos que juzga la Audiencia Nacional desde el pasado mes de noviembre constituyen estafa por las cuentas contenidas en el folleto de salida a bolsa y que, además, se cometió falsedad contable en lo que respecta a los estados financieros que terminaron siendo reformulados ya bajo la presidencia de Ignacio Goirigolzarri. Por ello, imputa este último delito a más de una decena de personas, miembros del comité de auditoría del banco. En el caso del auditor externo de Deloitte, Francisco Celma, contra el que no ejercía acusación hasta ahora, le atribuye delito de estafa.
En lo que respecta a Rodrigo Rato, la Fiscalía Anticorrupión determina que es culpable de estafa de inversores (por el que le pide cinco años y medio de prisión) y delito continuado de falsedad contable, por el que le atribuye tres años de cárcel y multa de 72.000 euros. Para el exvicepresidente de la entidad, José Luis Olivas, la representante del Ministerio Público suma la pena de cárcel en un año, por lo que amplía su petición de prisión a un total de cinco años por estafa y pide misma cuantía de multa que para el que fuera director gerente del FMI.
Pide seis años de cárcel para Norniella
La fiscal Laúna también aumenta considerablemente su petición de prisión para José Manuel Norniella pasando de tres años a seis de cárcel por los dos delitos arriba mencionados. Sin embargo, ocurre lo contrario para Francisco Verdú Pons. Al banquero le exime del delito de estafa que le atribuía hasta ahora pero le atribuye falsedad contable por dar el visto bueno a las cuentas consolidadas de Bankia de 31 de diciembre de 2011, las mismas que se presentaron a la CNMV cuatro meses después sin el visto bueno del auditor, Francisco Celma. Precisamente, el socio externo de Deloitte, que se sentó en el banquillo por el papel de las acusaciones, afronta ahora una petición de Anticorrupción de dos años de cárcel por estafa.
Este cambio de las conclusiones del Ministerio Fiscal implica que pasa de acusar a cuatro exdirectivos de la entidad (Rato, Olivas, Norniella y Pons) a un total de 14 personas. Entre este nuevo grupo se incluyen también: Ildefonso Sánchez Barcoj (dos años y medio de cárcel); el actual interventor de Bankia, Sergio Durá Mañas, y Miguel Ángel Soria (dos años); Alberto Ibáñez y Ángel Acebes (un año y medio) y Araceli Mora, Remigio Pellicer, José María García-Fuster y Pedro Bedia (un año de prisión).
Bankia, BFA y Deloitte; responsables civiles
Las pruebas analizadas durante la vista oral -con especial hincapié en la pericial expuesta por los inspectores del Banco de España que apuntaron que no se reflejó la imagen fiel del banco- suponen para la fiscal que tanto Rato como Olivas, Norniella, Sánchez Barcoj y Celma deban indemnizar conjunta y solidariamente a los inversores minoristas personados en el procedimiento con toda la cuantía que invirtieron el debut bursátil de Bankia más los intereses legales con excepción de todos aquellos que ya fueron indemnizados por la entidad.
Las tres personas jurídicas que se sientan en el banquillo a petición expresa de las acusaciones particulares y populares; esto es: Bankia, BFA y Deloitte, deberán responder como responsables civiles subsidiarios por la caída y posterior nacionalización de la entidad que recibió la mayor inyección de capital público de la historia del país y que el exministro Luis de Guindos cifró en más de 22.000 millones de euros. Con todo, el Ministerio Público pide la absolución para un total de 18 personas; entre las que se encuentran Estanislao Rodríguez-Ponga, Arturo Fernández, Javier López-Madrid, José Antonio Moral Santín y Ricardo Romero de Tejada, entre otros.
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